Nueva York – Niños y familias migrantes, detenidos en hoteles antes de ser expulsados de Estados Unidos, son supervisados por una empresa privada de seguridad y transporte, con millones de dólares en contratos con agencias federales vinculadas con la inmigración, destaca este lunes el periódico The New York Times.

La empresa, MVM, que tres exagentes del Servicio Secreto comenzaron en la década de 1970, ha crecido y ha logrado contratos con el Gobierno federal desde 2008 por al menos 1,9 millones de dólares, señala el diario.

Datos del Gobierno obtenidos por el Times, junto con los documentos judiciales, revelan que las detenciones en hoteles supervisadas por esta empresa se han disparado en los últimos meses bajo la agresiva política de cierre de fronteras que la Administración del presidente Donald Trump puso en marcha con motivo de la pandemia de COVID-19.

El periódico destaca que más de 100.000 migrantes, incluidos niños y familias, han sido ya expulsados sumariamente del país bajo esa política.

De acuerdo con el reporte, niños de apenas un año, que a menudo llegan a la frontera sin padres, son alojados en esos hoteles bajo la supervisión de trabajadores del transporte que no tienen licencia para brindar cuidado infantil.

«Un proveedor de transporte no debe estar a cargo de cambiar el pañal de un niño de un año, dar biberones a los bebés o lidiar con los efectos traumáticos que podrían estar enfrentando», dijo al diario Andrew Lorenzen-Strait, exsubdirector adjunto de gestión de custodia en el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que trabajó con MVM durante su tiempo en la agencia.

«Me preocupa que los niños puedan estar expuestos al abuso, la negligencia, incluido el abuso sexual, y no tendremos ni idea» de otras situaciones, agregó.

Los funcionarios del ICE alegan que los menores están siendo cuidados adecuadamente durante la estadía y han reiterado que su rápida expulsión es necesaria para proteger al país de la propagación del coronavirus.

Sin embargo, agrega el rotativo neoyorquino, los hoteles donde han llevado a los migrantes, algunos de grandes cadenas, están fuera del sistema formal de detención y no están sujetos a políticas diseñadas para prevenir abusos.

Además, los detenidos no tienen acceso a teléfonos, alimentos saludables y atención médica y de salud mental, destaca el Times.

El rotativo también señala que los padres y los abogados no tienen forma de encontrar a los niños o supervisar su bienestar mientras están bajo custodia en esos hoteles.

La política de cierre de fronteras del Gobierno relacionada con la pandemia exige que los migrantes sean expulsados del país, en lugar de someterse a un procedimiento de deportación tradicional y formal. Bajo esa política, la mayoría de los niños son regresados en aviones a sus países de origen, principalmente en Centroamérica aunque algunos han sido entregados a las autoridades de bienestar infantil en México, lo que ha llevado a los padres a realizar esfuerzos desesperados por localizar a sus hijos, de acuerdo con el Times.

Aproximadamente 109.621 personas han sido expulsadas de la frontera suroeste desde que entró en vigor la política restrictiva en marzo pasado.

Un portavoz de MVM dijo que el contrato de la compañía con el ICE prohíbe a los representantes responder a las solicitudes de los medios. El ICE aseguró por su parte que los trabajadores de esa compañía fueron entrenados en la Ley de Eliminación de Violaciones en Prisión. No obstante, la empresa no está obligada por contrato a seguir sus reglas.