Nueva York – El guatemalteco Esvin Maldonado conoce bien lo que significa para un indocumentado no contar con un carné de conducir. Hace cinco años su hijo fue deportado por esta causa y él se ve obligado a dormir cada día en la finca donde trabaja por no contar con una licencia de manejo.
«A mi hijo lo paró la policía, le confiscaron el auto y lo deportaron», dice este guatemalteco, que se ha unido a la coalición «Driving PA Forward» (Manejando PA’lante) que realiza una intensa campaña para lograr luz verde para un proyecto de ley que daría licencias de manejo a indocumentados y beneficiaría a una gran cantidad de trabajadores agrícolas como él.
Su hijo fue deportado como resultado de la cooperación entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vigente en Pensilvania a través del programa Comunidades Seguras, a lo que el proyecto de ley presentado a principios de febrero pondría fin.
Maldonado, que conduce tractores y alimenta el ganado de la finca, también ha sido detenido por la policía y pese a no tener licencia, contó con mejor suerte que su hijo, aunque un juez le advirtió de enviarlo a la cárcel, lo que eventualmente podría culminar en su deportación.
DORMIR JUNTO A LAS VACAS
El guatemalteco vive en el barrio de Chambersburg, donde dice no existe un buen sistema de transporte público y no hay compañías de taxis, por lo que depende de su hija, que le lleva al trabajo, donde duerme para poder cumplir con su horario, que no comienza hasta las dos de la madrugada.
Él y otro trabajador indocumentado duermen en butacas reclinables que sus patronos les han colocado en un pasillo de la sala donde se ordeñan las vacas.
«Mi hija me lleva entre 5:30 y 6:30 de la noche y ahí duermo un rato. Empiezo a trabajar a las dos de la mañana hasta cerca del mediodía y entonces tengo que buscar a otra persona que me lleve a mi casa, también a otro compañero, porque a veces los patrones pueden y otras veces no», contó además a Efe.
Un taxi les cobra 40 dólares «vaya uno o vayamos los dos» por un recorrido de 15 minutos, y usan este servicio tres veces a la semana, para un total de 120 dólares semanales.
«Si tuviera licencia saldría de mi casa a las 1:30 de la mañana», señala Maldonado, que hace 22 años emigró a Pensilvania con su esposa, y luego se les unieron sus tres hijos.
Lamenta sobre todo que no contar con un permiso de conducir le impida compartir más tiempo con sus nietos, a los que antes llevaba al parque, a las tiendas, «a sus citas al médico cuando mi hija trabajaba y recogerlos a la escuela».
«También estoy con el Movimiento de Inmigrantes Líderes en Pennsylvania (MILPA) y ayudamos a personas llevándoles al consulado o a una corte de inmigración. No tenerla no solo me esta afectando a mí sino que indirectamente a otras personas», agrega el trabajador, de 54 años.
PRESIÓN POLÍTICA
El guatemalteco espera que este año se apruebe el proyecto de ley, presentado por el representante estatal demócrata Danilo Burgos con el apoyo de dos republicanos.
La propuesta fue enviada al Comité de Transporte de la Cámara de Representantes, que aún no ha convocado audiencias. Además de enfrentar al comité, la propuesta tiene un camino difícil porque ambos cuerpos están bajo control republicano.
«Driving PA Forward» realiza actualmente una campaña de 40 días durante los cuales esperan que se hagan 40.000 llamadas de constituyentes a sus representantes, reuniones con legisladores y la recaudación de firmas para 10.000 cartas de apoyo al proyecto, indicó a Efe su coordinador, Luis Larín.
Indicó además que las cartas serán entregadas al final de esos 40 días, el próximo 5 de abril, a «legisladores estratégicos» en ambas cámaras.
LARGA LUCHA
Activistas y la comunidad inmigrante han luchado por años en este estado para lograr esta licencia bajo el liderazgo de MILPA, que el año pasado creó la coalición para impulsar la propuesta de ley.
Además de la licencia, el proyecto establece que el Departamento de Transportación no comparta más la información de conductores con autoridades locales, estatales y federales, y que los carnés no estén marcados para que la policía no pueda saber si el conductor tiene o no documentos.
«No queremos una legislación que sea un boleto de deportación para nuestra comunidad», sostuvo Larin.
Se estima que hay unos 160.000 indocumentados en Pensilvania, que aportan 139 millones en impuestos estatales anualmente.
También que la mitad estaría solicitando el carné tan pronto se convierta en ley, lo que generaría unos 13 millones de dólares al año al estado en impuestos por venta de coches y seguros, entre otros gastos.
