Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recomendó al Estado hondureño, fortalecer el papel de los familiares de las víctimas de desaparición forzada en el proceso de búsqueda e investigación, para conocer la verdad de los hechos ocurridos y evitar que estos delitos queden impunes.
Además, esta Institución Nacional de Derechos Humanos exhortó a las autoridades hondureñas, a emitir un protocolo especializado que delimite las formas de participación de los familiares de las víctimas en los diferentes niveles del proceso.
El Conadeh cuestionó que, en el marco de las detenciones realizadas bajo el estado de excepción, existen falencias preocupantes en cuanto al registro de la información, lo cual, compromete la responsabilidad internacional del Estado frente a eventuales desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias o ilegales.
Recordó que, durante la visita del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en marzo del 2023, el Conadeh presentó un informe alternativo donde expuso sus preocupaciones en cuanto a la debilidad institucional y el inadecuado marco normativo que da tratamiento a los casos de desaparición forzada.
Ante esa situación, el Conadeh recomendó, al Estado hondureño, introducir en la ley, la obligación de estructurar estudios permanentes sobre la situación de desapariciones forzadas en el país.
Destacó la importancia de evidenciar las causas estructurales que configuran los contextos en que tienen lugar este tipo de vulneraciones, así como determinar acciones para su mitigación y corrección.
Asimismo, el Conadeh señaló que se debe adecuar el contenido del registro de personas detenidas tanto al contenido mínimo señalado en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas como al punto resolutivo 12 de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras.
En su último informe de país, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) indicó haber recibido información sobre presuntas violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido en el marco de la implementación del estado de excepción por parte de agentes del orden, en los cuales se incluyen 7 casos que podrían constituir desapariciones forzadas, 6 hombres y una mujer transgénero.
Adicionalmente, la OACNUDH recomendó fortalecer la capacidad institucional del Ministerio Público y, en particular, de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, para la investigación y búsqueda efectiva y diligente de las víctimas de desaparición forzada del presente y del pasado.
El Estado de Honduras ha enfrentado, al menos, 3 momentos históricos en los cuales se registraron desapariciones forzadas de personas, la primera durante la doctrina de “Seguridad Nacional” entre 1980-1993, en el 2009 y la crisis post-electoral del 2017.
El informe del CONADEH “Los Hechos Hablan por sí Mismos: Informe Preliminar sobre los Desaparecidos 1980- 1993” es un antecedente histórico y documental que permite evidenciar las prácticas sistemáticas de violaciones de derechos humanos mediante la cual se enlistan múltiples víctimas, entre ellas, alrededor de 184 personas desaparecidas.
En ese informe se establece que las víctimas fueron sometidas a detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y algunas desaparecidas forzosamente por agentes estatales o por grupos de personas con aquiescencia del Estado.
Los casos Velásquez Rodríguez Vs. Honduras; Godínez Cruz Vs. Honduras; y Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras sometidos a conocimiento de la Corte IDH demostraron las prácticas estatales de violaciones de derechos humanos en el contexto de la Doctrina de “Seguridad Nacional” de las décadas del 80´s y del 90´s.
Según el CONADEH, actualmente el Estado hondureño enfrenta múltiples desafíos de carácter estructural en razón del marco normativo y de los procedimientos de detención como las falencias constatadas durante las detenciones en el marco de estado de excepción, vigente desde diciembre del 2022.
La desaparición forzada es una violación de derechos humanos que se caracteriza por la privación de la libertad a una o más personas, cometida por agentes de los cuerpos de seguridad o por personas o grupos que actúen con la aquiescencia y tolerancia del Estado.
