Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) exhortó hoy al Estado hondureño a priorizar, en la agenda de país, el interés superior del niño, uno de los sectores más afectados por la violencia que dejó en los últimos trece años (2010 – 2022) alrededor de 4,200 niños y niñas muertos en circunstancias violentas.
En esta radiografía de la violencia contra la niñez, sólo en el 2022, 79 municipios del país fueron escenario de la muerte violenta de unas 160 niñas y niños que perdieron la vida, en la mayoría de los casos, en la vía pública y, en menor porcentaje, en su vivienda o en un vehículo.
Se estima que, en Honduras, las niñas, niños y adolescentes representan el 39 % de los 9.5 millones de hondureños, muchos de ellos sumidos en la pobreza.
Además, miles de niñas y niños, en Honduras, viven en situación de calle, sin acceso a servicios de salud y excluidos de la educación.
Según el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, de una población de 2,912,171 en edad escolar -es decir entre los tres y 17 años-, al menos 1,215,008 niñas, niños y adolescentes se encuentran fuera del sistema educativo.
A eso se suma que, en un escenario caracterizado por violencia miles de niñas, niños y adolescentes son víctimas de reclutamiento forzado por grupos criminales, situación que los obliga a desplazarse internamente de sus viviendas.
En el 2021, la niñez fue uno de los sectores de la población directa o indirectamente, más vulnerables, ante el desplazamiento forzado por la violencia, involucrando a 568 personas menores de 18 años, de los cuales 284 son niñas y 277 niños. Aquí se incluyen 220 niños y niñas con edades que oscilan entre los 6 y 12 años que fueron afectados por esta problemática social.
Al menos 13 departamentos fueron escenario de desplazamiento o riesgo de desplazamiento de niñas, niños y jóvenes, siendo Francisco Morazán con 295, Cortés 72, Choluteca 75 y Atlántida con 43 donde se concentra el mayor número de casos.
Profunda investigación en Dinaf
El Conadeh exhortó a las autoridades hondureñas a realizar una profunda investigación en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf).
El ente estatal expresó su preocupación ante los hechos denunciados recientemente sobre posibles actos de corrupción en el DINAF, institución responsable de supervisar e implementar la política nacional en materia de niñez, adolescencia y familia.
Los hechos denunciados denotan la fragilidad institucional del principal órgano garante de los derechos de la niñez, adolescencia y familia, reza el comunicado.
Añade que, una entidad como el Dinaf, se debe fortalecer para que brinde los servicios de protección y seguimiento ante la vulneración de los derechos de los menores de 18 años, a nivel nacional
El ente estatal recomendó, a las máximas autoridades del Gobierno, que convoquen de urgencia al Consejo Nacional del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras, (SIGADENAH). Consejo que fue creado mediante Decreto Legislativo No. PCM-020-2019, con el objeto de garantizar, respetar, proteger y promover los derechos de todos de los niños y niñas en Honduras.
El objetivo es que se priorice la agenda de niñez y crear las estrategias y políticas públicas necesarias que den respuesta a las diversas situaciones que enfrenta la niñez y adolescencia en Honduras.
Resaltó la importancia que el Consejo Nacional haga las recomendaciones pertinentes que permitan fortalecer la institucionalidad pública encargada de garantizar, promover, respetar y defender los derechos de los niños, las niñas y adolescentes.
Recordó, a las autoridades hondureñas, la necesidad de aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño y demás disposiciones pertinentes relativos a la protección y el bienestar de los niños privados del cuidado parental o en peligro de encontrarse en esa situación.
Es urgente que se hagan esfuerzos encaminados a lograr que los niños y niñas estén bajo el cuidado de su propia familia o, en su defecto, encontrar soluciones apropiadas y permanentes.
El Conadeh considera que se debe garantizar que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
Finalmente, exhortó a las autoridades hondureñas que cumplan su deber de realizar, con la debida diligencia, una investigación sobre los hechos denunciados en el Dinaf, asegurando interés superior de la niñez, es decir, que las decisiones que se tomen con relación a los niñas, niñas y adolescentes deben orientarse a su bienestar y al pleno ejercicio de sus derechos.
