Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) exhortó al Estado a eliminar las barreras que obstaculizan la inclusión de más de un millón de personas con discapacidad en el país.
Las personas con discapacidad deben ejercer con autonomía y libertad los derechos básicos como la libre circulación, educación, salud, información, comunicación y empleo.
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, resaltó la deuda que tiene el Estado hondureño con uno de los sectores más invisibilizados y excluidos de la población.
La Defensora del Pueblo urgió el cumplimiento efectivo de la normativa nacional e internacional y se aplique el principio de igualdad y no discriminación hacia las personas con discapacidad.
Explicó que las deficiencias en la infraestructura pública, las dificultades para acceder a un puesto de trabajo, el maltrato en el servicio del transporte público, la poca accesibilidad a la información y la comunicación, son parte de las barreras que enfrentan a diario más de un millón de hondureños que presentan algún tipo de discapacidad física, sensorial, intelectual y psicosocial.
Agregó que el maltrato, así como la discriminación que sufren desde su niñez, con oportunidades educativas restringidas, carencia de servicios de salud integral, falta de oportunidades laborales, inmovilidad y encierro “obligatorio”, vulnera los derechos humanos de esta población que representa, al menos, un 14% de los 9.6 millones de hondureños.
El Conadeh indicó que, si en Honduras promulgó la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, que obliga a las entidades públicas, empresas y otras instancias privadas a contratar un mínimo de personas con discapacidad, de acuerdo a una tabla relacionada con el número de empleados, ésta no se cumple.
Otras dificultades que enfrentan, es la infraestructura física de las ciudades, a la que se suman las barreras arquitectónicas en inmuebles públicos y privados, lo que se constituye en un serio obstáculo para que las personas con discapacidad puedan disfrutar a plenitud de sus derechos.
En lo que respecta a los servicios de salud, el 70% no cumple con los estándares de accesibilidad, por su infraestructura, ya que no cuentan con rampas, baños adecuados y espacios amplios para su movilización; asimismo, la atención médica especializada es casi nula, al igual que se presentan dificultades para proveerles de medicamentos.
Personas con discapacidad denuncian atropellos y violaciones
La Coordinadora de la Defensoría de las Personas con Discapacidad del Conadeh, Betina Hernández, reveló que entre enero y noviembre, al menos 127 personas denunciaron ser víctimas de atropellos a su dignidad por particulares y de violaciones a los derechos humanos por autoridades estatales.
De las 127 denuncias atendidas, 61 están relacionadas con violaciones a los derechos civiles y políticos, 25 con el acceso a la justicia y 36 vinculadas con los derechos económicos, sociales y culturales que tienen que ver con el derecho al trabajo, los servicios públicos, la salud, la educación y la alimentación.
Las denuncias van desde amenazas a muerte, despidos colectivos en instituciones gubernamentales, abusos de autoridad, malos tratos, lesiones, allanamientos de morada, cobro indebido de servicios públicos, violencia intrafamiliar, negligencia médica, negación de descuentos especiales, hostigamiento físico, psicológico y sexual en su centro laboral.
Entre los denunciados figuran personas particulares, secretarías de Estado como Infraestructura y Transporte (Insep), Inclusión Social (Sedis), Salud, Educación, Seguridad, Trabajo y Seguridad Social, Instituto Nacional Penitenciario, Poder Judicial, alcaldías municipales, la Dirección Policial de Investigación, la Policía Nacional Preventiva, entre otros.
Las violaciones a los derechos humanos, contra este sector vulnerable, tuvo como escenario 16 de los 18 departamentos del país. Sin embargo, el 68% de los casos se presentaron en los departamentos de Francisco Morazán (49), Choluteca (13), Comayagua (12) y Olancho (12).
Según Hernández, en lo que respecta al transporte público se debe garantizar una real accesibilidad para las personas con discapacidad y que el 100% de la flota de autobuses se adapte con rampas.
Recordó que todas las personas, independientemente de su condición, son iguales y deben gozar de los mismos derechos, deberes y oportunidades, no obstante, existen personas que por las circunstancias de vulnerabilidad en la que se encuentran requieren protección especial y atención prioritaria, como es el caso de personas con discapacidad.
