Tegucigalpa – Unas 23 organizaciones no gubernamentales de Honduras lamentaron este viernes la muerte de un menor de 17 años en una manifestación contra el presidente del país, Juan Orlando Hernández, y condenaron el excesivo uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.
La Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden), que aglutina a 22 organizaciones, condenó en un comunicado «los actos de brutalidad policial y militar, expresada en el uso excesivo de la fuerza para controlar y dispersar» a un grupo de hondureños que protestaban el miércoles en la sureña ciudad de Choluteca.
Wilfredo Moncada, de 17 años, fue alcanzado el miércoles por un balazo supuestamente disparado por las fuerzas del orden cuando disolvían una protesta para exigir la salida del poder del presidente hondureño por considerar que su reelección es fraudulenta.
El joven falleció el jueves en el Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa, adonde fue trasladado desde Choluteca, fronterizo con Nicaragua.
Los manifestantes, en su mayoría integrantes del Movimiento Ambientalista Social el Sur por la Vida, se enfrentaron con los cuerpos de seguridad.
Durante el enfrentamiento hubo actos de vandalismo como la quiebra con piedras, palos y otros objetos contundentes de los cristales frontales del Hospital General del Sur, cuyas autoridades suspendieron de manera temporal las atenciones en las áreas de emergencia, farmacia y consulta externa.
La ONG hondureña Casa Alianza también condenó «la actitud represiva y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional, el cual es a todas luces, tolerado por sus autoridades», según un comunicado de la organización.
Denunció a la Secretaría de Derechos Humanos por «el silencio cómplice que ha venido guardando sistemáticamente ante el asesinato y ejecución de miles de niñas, niños y jóvenes en el país».
Además, exigió a los operadores de justicia «una investigación exhaustiva» para que «el asesinato» de Moncada «no quede en la impunidad», ya que es un «comportamiento reiterativo cuando participan agentes del orden en violaciones a la vida y a la integridad física de las personas».
Casa Alianza, que se estableció en Honduras en 1987, y Coiproden se solidarizaron con la familia de la víctima y ofrecieron apoyo y acompañamiento en el «proceso de búsqueda de al menos justicia».
Las organizaciones solicitaron a las fuerzas de seguridad del Estado «a emplear la fuerza solo de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad», ya que en muchos de los casos «no siguen los protocolos internacionales de no utilizar armas de guerra, ni el uso de la fuerza antes de haber agotado el recurso del diálogo».
La crisis que ahora vive Honduras comenzó pocas horas después de haber concluido las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, cuando Hernández se declaró ganador de los comicios, lo que también había hecho el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla.
El año pasado se celebró un diálogo nacional para buscar una salida a la crisis, sin acuerdos entre las partes, aunque hubo 169 consensos en las mesas de diálogo, que giraron en torno a los temas de derechos humanos, reformas electorales y constitucionales, y los resultados de violencia pre y postelectoral.
El proceso fue coordinado por Naciones Unidas con el acompañamiento del Gobierno de España y la participación de representantes del Ejecutivo y del gobernante Partido Nacional; del opositor Partido Liberal, y de Nasralla, quien no reconoce a Hernández como presidente.
