Washington – Más de 20 legisladores demócratas pidieron este lunes al gobierno del presidente, Joe Biden, que ponga fin a la detención de migrantes en cárceles y prisiones privadas donde, alegan, ocurren abusos, violaciones y negligencia médica.
La representante Ilhan Omar, demócrata de Minnesota, envió una carta a Susan Rice, directora del Consejo de Política Doméstica en la Casa Blanca, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Otros 23 firmantes incluyen Jesús García, Raúl Grijalva, Adriano Espaillat, eleanor Homes Norton, Alexandria Ocasio Cortez, Ricthie Torres y Nydia Velázquez.
«Aplaudimos el compromiso del gobierno de Biden de encarar la injusticia racial y la inequidad sistémica cortando el vínculo entre el encarcelamiento y el lucro», afirmó la carta.
Omar recordó que en enero Biden ordenó la eliminación del uso de cárceles privadas e instruyó al Departamento de Justicia a que no renueve los contratos con esas instituciones, medida que solo afecta a presos comunes y no a los migrantes que están en proceso de deportación.
En este sentido, GEO Group, una de las principales empresas de sector, informó hoy de que el Servicio de Alguaciles Federales (USMS) les informó de que no se renovará el contrato de un centro en Queens (Nueva York) de 222 camas y que concluye el próximo 31 de marzo.
Por ello, los firmantes instaron al Gobierno a que anuncie un plan para eliminar también los contratos entre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y las cárceles y prisiones a nivel estatal, de condado y municipalidades.
«ICE opera una red de más de 200 instalaciones para detenidos», señaló Omar. «La mayoría de éstas operan bajo contratos entre ICE (o, menos comúnmente, USMS), y las autoridades locales con el propósito de detener a los inmigrantes».
Según un informe del Instituto Brookins, en 2019, el 49 % de las personas detenidas por ICE se hallaba en instalaciones bajo la jurisdicción de condados, y el 14 % en instalaciones bajo la jurisdicción de ciudades y municipios.
«Las condiciones en cárceles y prisiones municipales, estatales y de condado bajo contratos con ICE para detener inmigrantes reflejan los abusos sistémicos que ocurren en las instalaciones para detención de migrantes operadas por empresas privadas», afirmó la carta de Omar.
Los abusos alegados incluyen la negligencia en la asistencia médica, el uso de confinamiento solitario a largo plazo, asaltos sexuales y la falta de acceso al asesoramiento legal.
Los legisladores demócratas instaron al gobierno de Biden a que «ordene la terminación gradual de los contratos entre ICE y USMS con los estados, condados, y municipalidades cuyo propósito sea la detención de inmigrantes».
