Atlanta (GA) – Un centenar de congresistas pidieron este jueves al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la liberación de las inmigrantes recluidas en una prisión para indocumentados en Georgia que denunciaron haber sido maltratadas por un ginecólogo.
“Deportar a estas testigos, especialmente cuando ninguna de ellas ha recibido evaluaciones de salud física o mental independientes por parte de expertos médicos, equivale a una destrucción de facto de la evidencia”, indicaron los legisladores en una carta dirigida al director interino del ICE, Tony Pham.
De acuerdo con el diario The Washington Post, la misiva también fue enviada al Buró Federal de Investigaciones (FBI), a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Justicia, y entre los signatarios se encuentra el senador Charles Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado.
Los congresistas pidieron al ICE que a las inmigrantes que han denunciado al ginecólogo Mahendra Amin, que presuntamente abusó de ellas en el Centro de Detención de Irwin, en el sur de Georgia, se les conceda una certificación para que puedan solicitar la VISA U, que se otorga a personas que han sido víctimas de delitos.
De acuerdo con los abogados de las mujeres detenidas, el ICE ha deportado o está tratando de deportar a estas mujeres a pesar de que son testigos en investigaciones que se llevan a cabo en el Congreso y en el Departamento de Justicia.
Algunas de las inmigrantes ya se encontraban a punto de ser deportadas esta semana cuando los agentes recibieron la instrucción de que fueran suspendidas las órdenes de expulsión gracias a recursos de última hora que fueron presentados por sus representantes o congresistas que intervinieron en sus casos, según dijo a Efe el abogado de inmigración Andrew Free.
Por lo menos seis de las mujeres que denunciaron al ginecólogo ya fueron deportadas, según sus abogados.
Un grupo de 50 inmigrantes que están o han estado presas aseguran haber sido “abusadas o maltratadas” por parte de Amin, un especialista en obstetricia y ginecología que trabajaba en esa cárcel, que ha rechazado todas las acusaciones.
El escándalo en la prisión de Irwin, operada por la corporación penitenciaria privada LaSalle Corrections, estalló en septiembre pasado luego de que grupos defensores de los derechos humanos presentaran una queja formal ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional en la que denuncian que muchas de las mujeres fueron sometidas a cirugías ginecológicas “innecesarias” y sin su consentimiento.
