Washington – Dos congresistas propusieron hoy una ley que permitiría a los ciudadanos venezolanos solicitar el amparo migratorio conocido como Estado de Protección Temporal (TPS, en sus siglas en inglés) dada la «represión» del Gobierno del presidente ese país, Nicolás Maduro.
«Bajo el TPS, los venezolanos serían protegidos de la deportación y se les concedería la autorización de trabajo, lo que permitiría a las personas pagar impuestos y contribuir a sus comunidades», apuntaron el republicano Mario Diaz-Balart y el demócrata Darren Soto, ambos miembros de la Cámara Baja estadounidense en representación de Florida.
Esta legislación, de acuerdo a sus autores, también autorizaría a los venezolanos a viajar al extranjero «por emergencias y circunstancias atenuantes».
Diaz-Balart, de origen cubano, argumentó que los venezolanos «han sufrido durante muchos años bajo la represión del régimen de (Hugo) Chávez y de Maduro», que ha causado que miles de nacionales se hayan exiliado.
«La hiperinflación, la drástica escasez y los graves abusos contra los derechos humanos han obligado a muchos venezolanos a exiliarse, y las condiciones en Venezuela siguen siendo demasiado peligrosas para que regresen», explicó el congresista.
Por su parte, Soto consideró que Venezuela debe agregarse como un país designado para TPS «como una forma de ayudar a escapar del terror de Maduro».
Actualmente, el TPS protege de la deportación a más de 436.000 inmigrantes, de los cuales aproximadamente el 90 % son de El Salvador (262.000), Honduras (86.000), Haití (58.000) y Nicaragua (5.000).
Este programa temporal establecido en 1990, protege a los amparados de la deportación y permite el acceso a un permiso de trabajo temporal para migrantes que no pueden regresar a su país de forma segura debido a desastres naturales, conflictos armados, u otras condiciones extraordinarias.
El presidente Donald Trump ha cancelado en los últimos meses esa protección migratoria para algunos países a partir de diferentes fechas, incluyendo Nicaragua y El Salvador.
El Gobierno de Trump ha anunciado en los últimos días que no reconoce la «toma de posesión ilegítima de la dictadura» de Maduro, que juró recientemente su cargo hasta 2025, a la vez que incrementará su presión sobre ese «régimen corrupto».
Desde la llegada a la Casa Blanca de Trump en enero de 2017, el Ejecutivo ha impuesto varias rondas de sanciones económicas a Caracas, entre ellas al propio Maduro, su esposa Cilia Flores, y altos cargos del gobierno chavista.
Venezuela sufre una profunda recesión económica y ha caído en una espiral de hiperinflación, con una estimación para el cierre de 2018 de 1.000.000 % de subida de precios.
