París – Los 46 miembros del Consejo de Europa acordaron este miércoles trabajar en una «declaración política» sobre el reto de «la migración irregular» y de «los extranjeros condenados por delitos graves», ante las críticas de varios países al Tribunal de Estrasburgo, al que reprochan dificultar el control de la inmigración.
La iniciativa, que consta de cuatro puntos, se aprobó por consenso en una reunión ministerial informal en Estrasburgo y es, según el secretario general de la organización paneuropea, el suizo Alain Berset, un «importante primer paso» para que los Estados europeos puedan avanzar juntos en este debate.
La declaración deberá reafirmar «la obligación de garantizar el disfrute efectivo de los derechos y libertades garantizados por la Convención a todas las personas que se encuentren bajo la jurisdicción de los Estados miembros», según el texto.
Pero también tener en cuenta el «contexto contemporáneo» de los movimientos migratorios y la «responsabilidad» de los Gobiernos respecto a intereses vitales como la «seguridad pública».
«No son principios contradictorios, se deben se pueden reconciliar», aseveró Berset en una rueda de prensa tras la reunión ministerial.
Esta declaración debería aprobarse en la próxima sesión formal del Comité de Ministros, que tendrá lugar en Moldavia en mayo.
Junto a esta declaración habrá que elaborar una nueva recomendación «sobre la disuasión y la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, con pleno respeto de sus derechos humanos» y considerar cómo el Consejo de Europa, incluso mediante la creación de un comité intergubernamental, puede abordar mejor las cuestiones urgentes relacionadas con la migración y las políticas conexas.
Igualmente, como cuarta conclusión de la reunión, los países miembros invitaron al secretario general a involucrarse en «debates a nivel internacional relacionados con la migración».
Con estas medidas, el Consejo de Europa buscará aplacar la fractura interna que ha ido creciendo desde que en mayo pasado nueve países (Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia y República Checa), todos ellos miembros también de la UE, reclamaran a la organización «una discusión sobre la forma en que las convenciones internacionales responden a los desafíos que afrontamos».
Se referían en particular a analizar si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) «en ciertos casos» lleva la aplicación de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) «demasiado lejos respecto a las intenciones originales», en lo que afecta a la protección de los migrantes que entran de forma irregular.
Este martes, además, los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer, y de Dinamarca, Mette Frederiksen, pidieron una «modernización de la interpretación» del CEDH para tener en cuenta «los desafíos del siglo XXI» y de cara a la reunión, según fuentes participantes, hasta 27 de los 46 países miembros habían firmado una declaración en línea con la misma posición.
Berset, sin embargo, restó importancia a estos pronunciamientos al resaltar que hay consenso sobre la necesidad de encontrar juntos un camino «preservando la integridad de nuestro marco legal compartido».
Descartó que la reunión de hoy fuera una «intervención pidiendo un cambio» en el CEDH, sino el «principio de una conversación» sobre temas que reconoció como «difíciles».
Matizó, no obstante, que la convención es un «instrumento vivo» que data de mediados del siglo XX y que se ha adaptado ya a numerosos cambios sin dejar de ser útil para los Estados miembros.
Por eso rechazó que en países como el Reino Unido, donde algunos partidos se manifiestan a favor de salir del Consejo de Europa, este descontento se pueda traducir en un proceso de tipo ‘Brexit’ y llamó a no compararlo.
También incidió en la necesidad de mantener la separación de poderes, motivo por el cual el propio Berset prefirió que el TEDH quedase al margen de este encuentro.
En representación de España, que se desmarcó claramente de la postura encabezada por Dinamarca, Italia y Reino Unido, estuvo representada por la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela. EFE
