Los Ángeles – Las recientes recomendaciones de una agencia gubernamental para que se considere el historial de los inmigrantes que son veteranos antes de deportarlos es la única arma que tiene el excombatiente Mario Martínez para presentarse en su audiencia definitiva, en menos de dos semanas.
Tras años de zozobra, el próximo 26 de junio Martínez tendrá su audiencia decisiva en una corte de inmigración en Los Ángeles para definir una orden de expulsión emitida en 2014 por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El único recurso legal que tiene el excombatiente de origen mexicano para poder lograr que se cancele la orden de deportación es un indulto por parte del gobernador de California, Gavin Newsom.
«El gobernador aún no ha visto mi petición, y necesito más tiempo», explicó a Efe Martínez, de 56 años.
Las recomendaciones que la agencia de vigilancia gubernamental Government Accountability Office (GAO, por su sigla en inglés) hizo recientemente al ICE, para que aplique las políticas existentes de consideración hacia los inmigrantes veteranos sujetos a deportación, deberían ayudar a Martínez en su solicitud de prórroga.
Las sugerencias de GAO se dieron tras el análisis de las acciones del ICE entre 2013 y 2018, periodo en el que los agentes del ICE no aplicaron en la mayoría de casos las reglas existentes para considerar el historial de los veteranos que enfrentan deportación.
«Cuando el gobierno viola sus propios reglamentos demuestra que no es confiable y que sus decisiones son arbitrarias y caprichosas», señaló el abogado de inmigración Alan Diamante, quién representa a Martínez.
El veterano siente que los seis años que sirvió al ejército estadounidense en la década de 1980 cuidando el muro que dividía a Alemania, no fueron tenidos en cuenta cuando fue arrestado en 2013 por los agentes de inmigración tras cumplir una condena de cinco años por un delito de violencia doméstica.
«Ahora es a mí al que quieren lanzar al otro lado del muro, ICE no tuvo en cuenta que yo era veterano cuando me tuvo detenido por más de seis meses para deportarme», aseguró Martínez, quién vive en el país desde hace 53 años.
Diamante explica que los veteranos tienen una consideración especial porque sus experiencias en las fuerzas armadas podrían ser tenidas como una causa de sus conductas criminales.
En el caso de Martínez, el mexicano asegura que su condena fue injusta y aunque la víctima, que era su novia en ese momento, testificó a su favor, un jurado lo condenó a cinco años de cárcel.
«No creo que es justo que me alejen de mis hijos y de un trabajo en el que me esperaron a que cumpliera mi condena para volverme a contratar, eso debe hablar bien de mi», explicó Martínez.
El mexicano obtuvo su residencia permanente en 1971 y nunca tramitó su ciudadanía.
GAO recomendó al director de ICE que garantice la implementación de la política existente para el manejo de casos de veteranos y que desarrolle una política para identificar y documentar a los excombatientes deportados o en proceso de deportación, así como los procedimientos que se siguieron en sus casos.
El Departamento de Seguridad Interna estuvo de acuerdo con esas recomendaciones, destacó GAO.
Para Héctor Barajas, el primer soldado deportado que regresó al país tras recibir un indulto y logró adquirir la ciudadanía de Estados Unidos, el caso de Martínez demuestra «la injusticia» de las políticas migratorias contra los veteranos.
«Varios congresistas están respaldando la solicitud de indulto de Martínez, y casos como este les ayuda a entender (a los congresistas) la crisis que los veteranos inmigrantes están viviendo. Necesitamos leyes que nos protejan», reiteró Barajas.
Por su parte, Martínez hizo nuevamente un llamado al gobernador Newsom para que considere su petición.
El ex gobernador Jerry Brown tuvo durante más de dos años la solicitud de perdón de Martínez en su escritorio, y no lo incluyó en su lista de indulto.
«Ahora solo estoy en manos de las autoridades de inmigración, es la única esperanza que tengo que ellos consideren mi situación», concluyó Martínez.
