Tegucigalpa – Pese a que están por cumplirse ocho años desde que se aprobó la reforma constitucional al Artículo 5 que instituyó como mecanismos de participación ciudadana el referéndum, el plebiscito y la iniciativa de ley ciudadana, estos instrumentos no son una opción para la clase política hondureña, pese a las circunstancias que vive Honduras.
– “Una Asamblea Constituyente es una manipulación de un par de políticos interesados en seguir en el poder y en llegar al poder”, analizó Raúl Pineda Alvarado.
– En el caso de realizarse una consulta, esta debe ser imperativamente en 2019.
– Es urgente “pactar acuerdos” en la Cámara hondureña para una consulta, dice Gustavo Irías.
Aunque el discurso público de personajes de todas las fuerzas políticas es que están a favor de consultarle al pueblo, la realidad es otra y prueba de ello es que aún no se ha podido llegar a un consenso en esa vía. En el país nunca se ha hecho un referéndum y mucho menos un plebiscito bajo el actual texto constitucional.
En el tapete están planteados temas políticos como reformas electorales y la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente, e incluso la reelección presidencial, éste último ya es un hecho de derecho porque hay un presidente reelecto en el cargo.
Diversos analistas consultados por Proceso Digital opinan en forma dividida. Unos creen que 2019 debe ser el año de la consulta popular para conocer el sentir y pensar de la población en torno a temas exclusivamente electorales de cara a los comicios de 2021.
Otros expertos son del criterio que la mayor parte de los temas que se plantean en el debate no pueden ser consultados porque para eso existen los diputados, que son la voz representada del pueblo, por lo tanto una consulta solo cabría para temas polémicos en el funcionamiento de la sociedad.
Lo cierto es que no existen puntos coincidentes entre la clase política para llevar a cabo una consulta en Honduras, aunque públicamente el discurso sea otro. Unos quieren unos temas, otros se decantan por otro, sin puntos concurrentes.
Lo que dice el artículo 5
El texto constitucional aprobado en 2011 establece que el gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa, de los cuales se deriva la integración nacional, la estabilidad política y la paz social.
La Constitución establece que el Gobierno debe sustentarse enla soberanía popular
Para fortalecer la democracia representativa, se instituyen como mecanismos de participación ciudadana el referéndum, el plebiscito y la iniciativa de ley ciudadana.
En el caso de un referéndum se convocará sobre una Ley Ordinaria o una norma constitucional o su reforma aprobadas para su ratificación o desaprobación por la ciudadanía.
El plebiscito se convocará solicitando de los ciudadanos un pronunciamiento sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos, sobre los cuales los Poderes Constituidos no han tomado ninguna decisión previa.
El referéndum y el plebiscito pueden realizarse a nivel nacional, regional, subregional, departamental y municipal.
2% de los ciudadanos inscritos al CEN pueden solicitar plebiscito
El mismo texto deja establecido que tienen iniciativa para solicitar el referéndum o el plebiscito: Al menos el dos por ciento (2 %) de los ciudadanos inscritos en el Censo Nacional Electoral, de acuerdo al dato que debe proporcionar periódicamente el Tribunal Supremo Electoral al Congreso Nacional.
Asimismo, al menos 10 diputados del Congreso Nacional; y el Presidente de la República en resolución de Consejo de Secretarios de Estado.
Para este fin el Congreso Nacional debe conocer y discutir dichas peticiones, y si las aprueba debe emitir un Decreto que determine los extremos de la consulta, ordenando al Tribunal Supremo Electoral, convocar, organizar y dirigir las consultas a los ciudadanos.
Los porcentajes de aprobación legislativa a las consultas ciudadanas son determinados según el tema a ser consultado de conformidad a esta Constitución, por simple mayoría de la totalidad de sus miembros cuando se trate de leyes y asuntos ordinarios, las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros cuando se refiera a asuntos constitucionales.
Una ley puede ser aprobada por dos terceras partes de los diputados
Una ley especial aprobada por las dos terceras partes de la totalidad de los diputados del Congreso Nacional debe determinar los procedimientos, requisitos, y demás aspectos necesarios para el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana.
Le corresponde únicamente al Tribunal Supremo Electoral convocar, organizar y dirigir las consultas ciudadanas. Las consultas ciudadanas deben hacerse preferentemente en la misma fecha de las elecciones generales.
El ejercicio del sufragio en las consultas ciudadanas es obligatoria.
El resultado de las consultas ciudadanas es de obligatorio cumplimiento si participan por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51 %) del total de participación en la última elección general; y, si el voto afirmativo logra la mayoría de votos válidos.
El TSE es el ente encargado de convocar y dirigir una consulta popular
El Tribunal Supremo Electoral una vez conocido el resultado oficial en el término que señale la ley especial, debe informar al Congreso Nacional en un plazo de diez días sobre el resultado de la consulta. El Congreso Nacional debe emitir un Decreto ordenando la puesta en vigencia de las normas que resulten de la consulta ciudadana.
Si la iniciativa sometida a consulta es aprobada, no será necesaria la sanción ni procede el veto del Poder Ejecutivo, En consecuencia, el Congreso Nacional ordenará la publicación de las normas aprobadas. Estas normas solo pueden ser derogadas o reformadas mediante el mismo proceso de su aprobación.
La consulta sobre los mismos temas no podrá realizarse en el mismo ni en el siguiente periodo de gobierno.
Consulta no es la solución
El analista, abogado y exdiputado del Congreso Nacional, Raúl Pineda Alvarado, señaló que las consultas son procesos políticos extraordinarios. “Una democracia plebiscitaria en la que todo se le consulta al electorado es contraria a la democracia representativa. La sociedad políticamente organizada tiene sus representantes en el Congreso de la República, si le vamos a estar consultando todo al pueblo entonces para qué queremos un Congreso”, reforzó.
Ejemplificó que en temas polémicos como la legalización del aborto o el matrimonio igualitario, la consulta es una opción.
“Pero en temas técnicos, definitivamente la consulta es improcedente, por eso la normativa prohíbe que temas presupuestarios sean sometidos a la pregunta popular”, asistió para luego agregar: “Se le debe dar un carpetazo al tema y ponerse a hacer las cosas verdaderamente importante”.
Pineda Alvarado remarcó que la voluntad política siempre es requisito indispensable para realizar una consulta, que modestamente tiene un costo de entre 600 y 800 millones de lempiras.
Se cuestionó ¿quiénes son las personas interesadas para preguntar sobre la reelección? “Será ese un tema que preocupa o desvela a la sociedad, o será que es preocupación de dos o tres personajes”.
Sectores políticos piden consulta popular para definir el tema de la reelección
Insistió que la reelección presidencial no es un tema que preocupe al pueblo hondureño, como sí lo es la existencia de empleos o la violencia.
Refirió que hay dos tipos de consultas que podrían hacerse: disposiciones políticas o legislativas a tomar y la otra que tiene que ver con reformas constitucionales.
“Las reformas constitucionales se pueden hacer mediante la reforma directa y las otras requieren una Asamblea Nacional Constituyente. Para llegar a eso podemos agregar a la Constitución actual un mecanismo que regule cómo se llega a una Constituyente”, estimó.
Finiquitó que las Constituyentes solo han servido -en el caso de Bolivia, Venezuela y Ecuador- para que minorías políticas lleguen al poder. “No queremos que eso suceda en Honduras sobre temas que pueden resolverse a nivel político”.
Preguntar sobre la institucionalidad
A criterio del exfiscal general Edmundo Orellana si se trata de una consulta para salir de la crisis política que vive el país, es conveniente aunque para ello habría que identificar los temas que abordaría la misma.
“Desde mi perspectiva sería preguntar sobre la segunda vuelta electoral, además podría ser sobre el número de diputados que debería haber en el Congreso; otro tema podría ser la transformación del Estado de derecho, es decir fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia”, explicó.
Orellana aseveró que “no somos un pueblo que practicamos democracia porque no tenemos cultura política, aunque sí tengamos cultura cívica”.
Para el exresponsable de la Fiscalía hondureña sería fundamental que todas las profesiones estudien la Constitución durante su formación universitaria, lo que contribuirá para que los ciudadanos tengan una conciencia más crítica al momento de enfrentar problemas de país.
“El constituyente creó una trampa cuando reformó la Constitución al introducir los temas de consulta poniendo requisitos tan exigentes que se hace imposible prácticamente realizar una consulta popular”, esbozó.
Puntualizó que “estos temas cuando se someten al debate público quedan expuestos al bombardeo mediático y los que no están de acuerdo tienen mucho más recursos para orientar a la opinión pública en contra de una medida como es el caso -por ejemplo- de la segunda fuerza electoral”.
2019 buen año para consulta
Mientras, para Gustavo Irías, director del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), comenzó su análisis afirmando que para llevar una consulta popular en el país es necesario que haya consenso en todas las fuerzas políticas.
Asistió que para ello es urgente “pactar acuerdos” en la Cámara hondureña.
“La polarización del país y los niveles de confrontación de estas diversas fuerzas políticas, tanto del gobierno como la oposición, hacen difíciles llegar a acuerdos en esta vía”, subrayó.
Irías piensa que es necesario avanzar en esas posiciones políticas para lograr acuerdos en bienestar del país. “En el caso de la consulta hay que llegar a un acuerdo para hacerla y para estar de acuerdo en qué se va a preguntar”, reforzó.
A su criterio en la actualidad no existen condiciones entre las fuerzas políticas para avanzar a una consulta.
En el hipotético caso de realizar una consulta popular, mencionó que dos opciones serían indagar sobre la aprobación o no de la reelección presidencial y de la Asamblea Nacional Constituyente.
La reelección
El analista político Olban Valladares manifestó que solo debe de realizarse una pregunta a la población ¿Está usted de acuerdo con la reelección en Honduras?, sí o no.
Asimismo, Valladares señaló que en caso de que respondan si, se debe realizar otra pregunta: prefieren que la reelección sea continúa o alterna.
Consideró que este es el momento oportuno para hacer la consulta popular para que la población manifieste su posición respecto a este tema polémico.
“Es necesario que el pueblo hondureño se manifieste y de alguna manera ratifique su oposición a la reelección que la dejó en principio plasmado con el resultado de las elecciones de noviembre del 2017”, dijo a Proceso Digital.
Valladares aseveró que esta consulta debe realizarse antes de las elecciones primarias en marzo del 2021.
Consulta debe de realizarse en 2019
Por su parte, el constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, declaró que la consulta popular debe ejecutarse a más tardar en 2021 sin excusas ni pretextos.
“Por muy tarde tienen que hacerlo el otro año porque para entrar al próximo torneo electoral tiene que haberse realizado una consulta popular para temas que no se pueden arreglar en el Congreso, un nuevo censo electoral, un nuevo Tribunal Supremo Electoral, Corte de Justicia Electoral”, argumentó.
Consideró “altamente necesaria” la consulta popular para finalizar la crisis política y saber la opinión de la población en el tema de la reelección.
“Hay que hacer una consulta popular y preguntarle al pueblo si están de acuerdo o no con la reelección y si quieren que sea alterna o continua”, indicó.
Además, afirmó que solo debe consultarse el tema de la reelección porque los demás temas pueden ser tratados en el Congreso Nacional.
