Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El último índice de percepción de la corrupción que difundió Transparencia Internacional, plantea tres fenómenos que sacuden a los países y erosionan su institucionalidad y democracia: la corrupción, el conflicto y la seguridad, que, en el caso de Honduras, es una de las causas para que la nación centroamericana no salga del túnel de los países altamente corruptos.

De acuerdo a Transparencia Internacional, estos fenómenos se encuentran estrechamente ligados, ya que el uso indebido de fondos impacta seriamente en las instituciones que garantizan la seguridad, la vida de las personas y las demandas ciudadanas de un mejor estado de bienestar. Afectan también a la democracia y la institucionalidad del Estado de Derecho.

La corrupción, agrega, socava la democracia y la capacidad de los gobiernos para proteger a las personas. En el caso de Honduras, el país en los últimos seis años (2017-2023) se ubica en la franja de 10 países que han registrado un descenso significativo en las puntuaciones del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), según Transparencia Internacional.

En ese descenso significativo le acompañan Nicaragua y Haití. Honduras sacó un puntaje de 23, en una medición de 0 a 100. Mientras más se acerque un país a 0 es considerado muy corrupto y entre más se acerque a 100, se percibe como más transparente.

Honduras tiene más de dos décadas de estar en el vagón de los países considerados altamente corruptos, y en el IPC 2022, aparece con una puntuación de 23 sobre 100 puntos, y en el lugar 157 de 180 países analizados por el organismo internacional anticorrupción.

Honduras y la ONU firmaron un memorándum de entendimiento para la instalación de la CICIH..

Esta calificación plantea serios desafíos para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que entre sus promesas de campaña, ha abanderado la lucha contra la corrupción como uno de sus ejes estratégicos y anunció la instalación en el país de una Comisión  Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH) de la mano de Naciones Unidas, con quien suscribió un memorando de entendimiento a fines de 2022 para empezar a sentar las bases de un proceso que podría llevar más tiempo de lo esperado.

Los desafíos se plantean en el sentido que el fenómeno de la corrupción es estructural y endémico en el país, al cual se suma el de la seguridad, donde Honduras sigue teniendo una alta tasa de homicidios de 35.8% por cada 100 mil habitantes, una de las más altas de la región hemisférica, pese a los esfuerzos sostenidos de reducción en los últimos años, advierten organismos especializados. A nivel de Centroamérica, Honduras se posiciona como el país más violento, según el balance de la tasa de homicidios de 2022 hecho por Insight Crime, un sitio especializado en temas de seguridad y crimen organizado.

Los retos de la seguridad

La violencia e inseguridad se ha estacionado en el país desde hace décadas, con altos y bajos que obligan a las autoridades a ensayar estrategias de combate sin resultados que lleven a un control de la misma. Actualmente, el país está sometido a un estado de excepción parcial en 16 de los 18 departamentos en una estrategia de combate al delito de la extorsión perpetrado por maras y pandillas que tiene asfixiada a la mayoría de la población. Un estado que se renueva y se extiende reiteradamente.

El 2023 ha iniciado con un repunte de las muertes violentas, siendo uno de los grupos más afectados, las mujeres, al registrarse un promedio de un femicidio diario, un hecho que ha generado preocupación en los organismos internacionales por la saña de las muertes, la poca eficiencia en el manejo de los casos y los altos niveles de impunidad. Las masacres también han iniciado por doquier.

La inseguridad es uno de los principales problemas de Honduras desde hace varios años.

Las autoridades policiales han indicado que uno de los problemas para combatir el delito y garantizar la seguridad es la falta de elementos policiales, al indicar que tienen un déficit de más de 8 mil uniformados. Honduras tiene un poco más de 20 mil policías activos, según cifras de la secretaría de Seguridad. El presupuesto de la Secretaría de Seguridad para el 2023 es de más de 9 mil millones de lempiras.

Si bien la secretaría de Seguridad, a la cual está adscrita la Policía, tiene problemas de recursos humanos para atender el delito, otro factor que golpea a ese organismo es la credibilidad y falta de confianza institucional, apenas de un 24%, según diversos sondeos nacionales e internacionales. Los escándalos de corrupción y violaciones humanitarias siguen golpeando a la institución deteriorando así los niveles de confianza y credibilidad frente a la persecución del delito.

La conflictividad social

El tercer factor que atrapa a Honduras en la lucha contra la corrupción y el combate a la inseguridad y violencia, es el conflicto. El país tiene una alta ola de conflictividad social, al registrar solo en el 2022, un promedio de 53 conflictos mensuales, de acuerdo a informes proporcionados por el monitoreo de la conflictividad social que desarrolla la ASJ.

Muchos de estos conflictos están ligados a los temas económico, institucional, político, Estado de Derecho y hasta electorales. Concluyendo el año pasado e iniciando el 2023, el tema de las invasiones en el litoral norte y sur del país, ha avivado la conflictividad sin que existan respuestas contundentes de parte del gobierno.

El sector privado es el que más ha reclamado por este aspecto indicando que ello genera incertidumbre y ahuyenta la inversión, al no existir garantías de seguridad jurídica. De acuerdo al sector privado, estas invasiones pueden ser un detonante de mayor conflictividad social y de ingobernabilidad sino se toman los correctivos a tiempo.

Muchos de los conflictos del país están ligados a los temas económico, institucional, político, Estado de Derecho y hasta electorales.

A los conflictos sociales por el tema de las invasiones, sigue otro que calienta los ánimos en la población y está relacionado con los temas ambientales ligados a la concesión minera de forma irregular, sin ejecutar los mecanismos de la consulta previa, y por el cual ya han existido muertes y condena por crímenes de líderes ambientalistas.

Se suma otro hecho relacionado al tema económico y ligado a la falta de empleo, uno de los talones de Aquiles del actual gobierno, en vista que la economía no termina de reactivarse, las políticas anticíclicas para contrarrestar la inflación, el alto precio en los productos de la canasta básica y la generación de nueva inversión, son insuficientes, y los discursos oficiales no ayudan a generar certidumbre, de acuerdo a los expertos.

La lucha contra la corrupción de esta forma, no será tan efectiva sino se ven decisiones concretas y rápidas que avizoren un cambio de timón que indique que se va por un rumbo de combate sostenido que impida seguir arrastrando la nación a escenarios de incertidumbre.

De acuerdo a la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, “la corrupción ha hecho que nuestro mundo sea un lugar más peligroso. Los gobiernos no han logrado, de manera colectiva, contrarrestar este fenómeno, y, con esto, agudizan el aumento de la violencia y el conflicto que se observa en la actualidad, lo cual plantea peligros para las personas de todas partes del mundo”.

“La única salida ante esta situación es que los Estados enfrenten la ardua tarea de erradicar la corrupción en todos los niveles para asegurar que los gobiernos trabajen para todas las personas y no solo para una élite reducida”, acotó Ferreira.

Esos escenarios y esos desafíos son los que enfrenta Honduras, atrapada en este cóctel de problemas que configuran una trilogía de alta conflictividad e inestabilidad si las respuestas de ataque no son creíbles ni contundentes.