Washington – Las cortes de inmigración del país acumulan 746.000 casos de asilo pendientes, una cantidad que supone un retraso récord y que ha crecido paulatinamente desde 2010, de acuerdo a un estudio presentado hoy por el Instituto de Política Migratora (MPI, en inglés).
«En los últimos años, una confluencia de factores ha llevado a un gran y creciente retraso de casos de asilo, con muchos solicitantes esperando años para que una decisión sea tomada. Esto perjudica a los elegibles para la protección», explicó en la presentación del informe una de sus autoras principales, Faye Hipsman.
Entre los 746.000 casos pendientes en los tribunales de inmigración, un 30 % son peticiones de asilo «defensivas», es decir, realizadas por inmigrantes que se encuentran en territorio estadounidense y que han recibido una orden de deportación.
El tiempo de espera actual para una revisión inicial de los méritos de una solicitud de asilo supera los dos años, y puede llegar a ser de hasta cinco, a pesar de que la ley requiere que este proceso se lleve a cabo en un máximo de 180 días, según los hallazgos del MPI.
Para Hipsman, este «importante» retraso tiene una serie de efectos adversos: hace que los solicitantes de asilo sean «más vulnerables», al impedir que aquellos que son elegibles para la protección puedan obtenerlo, y «socava la integridad del régimen de asilo».
Además, debido a que a los solicitantes se les permite permanecer en EE.UU. mientras se resuelven sus reclamos y, si no se llega a una decisión en el plazo de 180 días, se les otorga una autorización de trabajo, este tiempo de espera «puede crear incentivos para que personas lo soliciten sin necesitarlo», dijo la experta.
Para intentar paliar esta crisis en el sistema, el fiscal general, Jeff Sessions, aseguró en junio que las personas que busquen asilo por violencia doméstica o de bandas criminales no podrían acceder a esta protección.
Además, la Administración del presidente, Donald Trump, implementó la política de «tolerancia cero» en la frontera entre abril y junio, que causó la separación de más de 2.500 familias en el linde.
«No creemos que esta sea una buena manera de atajar el problema», señaló Alexander Aleinikoff, otro de los autores del estudio.
Entre otras recomendaciones, el MPI propuso restaurar la puntualidad en los nuevos casos, enviar los casos considerados «claros» a la sección de asilos sin pasar por la corte de inmigración y establecer unas pautas claras de detección de miedo creíble. EFE
