San José – Costa Rica nunca estuvo preparada para ofrecer una atención adecuada a las 200 personas de diversas nacionalidades que fueron deportadas hacia este país desde Estados Unidos en febrero pasado, aseguró este jueves la Defensoría de los Habitantes.
«Estas personas nunca tuvieron la intención de ingresar al país, sino que fueron obligadas mediando la fuerza y la detención para su traslado, producto de un acuerdo migratorio entre dos países. Hoy diría al país que espero, como Defensora, que esta desafortunada historia no se repita en las condiciones que vinieron mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas adultas de diferentes nacionalidades”, afirmó en un comunicado la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.
La Defensoría de los Habitantes concluyó en un informe que «Costa Rica nunca estuvo preparada para ofrecer una atención adecuada» a los 200 deportados y que el Gobierno debió establecer un mismo plazo de autorización de permanencia en el país así como la posibilidad de las prórrogas correspondientes.
Además, el Gobierno debió brindar una autorización para trabajar por cuenta propia y bajo relación de dependencia; eliminar los costos y cobros administrativo por concepto de documentación migratoria y flexibilizar el proceso de regularización migratoria.
La Defensoría también indicó que cada caso tuvo que ser abordado de acuerdo a las realidades políticas, sociales y civiles que enfrentaban los deportados en sus países de origen, mientras que en el tema de los menores de edad, el país debió gestionar acciones para brindarles «acceso real al derecho a la educación».
En febrero pasado Costa Rica recibió dos vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos, en los cuales viajaban 200 personas en total, originarios de Nepal, China, Rusia, India, Congo, Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Turquía, Uzbekistán y Vietnam.
Los migrantes fueron enviados al Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem) ubicado en el sur del país, zona fronteriza con Panamá, donde las autoridades no les permiten movilizarse fuera de las instalaciones por motivos de seguridad durante dos meses hasta que en abril se estableció una categoría migratoria humanitaria.
El Gobierno costarricense informó en ese momento que se trataba de un acuerdo con el Gobierno de Donald Trump para que Costa Rica sirviera como puente para que los migrantes retornaran a sus respectivos países o a un tercero. Sin embargo, muchas de estas personas permanecen en el país centroamericano.
El pasado 8 de julio el Gobierno de Costa Rica anunció la extensión de una categoría migratoria humanitaria y el otorgamiento de permiso para trabajar en favor del grupo de migrantes deportados que permanece en el país.
Casi la mitad de los 200 deportados retornó a sus países de forma voluntaria, otros pidieron refugio en Costa Rica, salieron del CATEM o aún permanecen allí de forma voluntaria.
La aceptación de los 200 migrantes abrió una polémica en Costa Rica e incluso organizaciones no gubernamentales denunciaron que las autoridades violaron los derechos humanos de estas personas, incluidos niños. EFE
