Miami – La presión contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por el envío de 48 venezolanos a Massachusetts aumenta y a la investigación abierta por un alguacil en Texas se suma un plan demócrata para impedirle usar más fondos estatales con ese fin.
El Partido Demócrata reforzó en las últimas horas su ofensiva contra el republicano DeSantis tanto en el Congreso estatal en Tallahassee como en las calles de Miami-Dade, donde reside una importante comunidad venezolana.
Para esta tarde en Doral, una ciudad del condado de Miami-Dade también conocida como “Doralzuela”, está convocada una manifestación de denuncia de la operación por la que medio centenar de venezolanos que solicitaron asilo en un paso fronterizo en Texas fueron enviados a la isla Martha’s Vineyard, en Massachusetts (noreste de EE.UU.), a bordo de aviones pagados con dinero público de Florida.
Asistirán Nikki Fried, que perdió la nominación demócrata para la gobernación de Florida frente a Charlie Crist, que será quien enfrente a DeSantis en las urnas el próximo noviembre, y líderes comunitarios y de organizaciones de venezolanos que han acusado al actual gobernador de usar como “peones” de su campaña para la reelección al grupo que envió a Martha’s Vineyard.
En el Congreso de Florida, donde DeSantis goza de una mayoría holgada, legisladores demócratas denunciaron este lunes que DeSantis infringió presuntamente la ley al usar dinero del programa de reubicación de migrantes indocumentados del Departamento de Transporte para pagar el viaje de los venezolanos y reclamaron medidas para impedir que lo vuelva a hacer, como ha amenazado.
¿MALVERSACIÓN DE FONDOS?
El argumento es que ese plan, que fue aprobado y dotado de 12 millones de dólares pese a las críticas que suscitó, tiene como objetivo reubicar a inmigrantes indocumentados que estén en Florida.
Los enviados a Martha’s Vineyard estaban en San Antonio (Texas) cuando se subieron a los aviones por los que el Departamento de Transportes puede haber pagado 615.000 dólares, según los registros oficiales de Florida.
En el condado Bexar, en Texas, está abierta una investigación sobre el traslado de los inmigrantes a Masachusetts y un legislador estatal de ese estado, Dylan Fernandes, que visitó a los venezolanos en Martha’s Vineyard, pidió al Departanto de Justicia de EE.UU. que haga lo mismo para que DeSantis “rinda cuentas por sus inhumanas actuaciones” en este caso.
“No solo es criminal desde un punto de vista moral, sino que hay implicaciones legales sobre posible fraude, secuestro, privación de libertad y tráfico humano”, señaló Fernandes haciendo un compendio de todas las acusaciones que se han hecho al gobernador de Florida.
DeSantis ha sostenido que lo que hizo fue “proteger” a Florida de los efectos de la política de “fronteras abiertas” que, a su juicio, aplica la Administración Biden.
En un tono sarcástico indicó que los inmigrantes enviados al norte van a estar mucho mejor en “ciudades santuario” que en lugares donde se hace cumplir la ley como Florida.
Aun por confirmar está si los venezolanos se subieron a los aviones “chárter” fletados por Florida porque les hicieron promesas de trabajo y seguros médicos, como aseguran distintas fuentes.
LA DIFERENCIA CON LOS ENVÍOS DESDE TEXAS Y ARIZONA
Antes que DeSantis, los gobernadores de Texas, Greg Abbott, y de Arizona, Doug Ducey, enviaron en autobuses a cientos de inmigrantes a ciudades como Washignton, Nueva York y Chicago como protesta por la política migratoria del presidente Joe Biden.
La diferencia es que esos migrantes habían llegado a los estados que los mandaron a otra parte, lo que no sucedió con los trasladados por DeSantis.
Según el alguacil de Bexar, Javier Salazar, los que se subieron a los aviones con destino a Martha’s Vineyard se encontraban en las inmediaciones del Centro de Recursos para Migrantes en San Antonio y fueron “tentados” con “falsas promesas”.
“Este caso molesta a muchas personas en nuestro país. Estas personas (los migrantes) no estaban haciéndole nada a nadie. Alguien vino y abusó de su confianza”, expuso.
En un comunicado divulgado este martes, Rubén Gallego, presidente de Bold PAC, un grupo de recaudación de fondos para la campaña demócrata de las elecciones de medio término presidencial, acusó a los republicanos de politizar la inmigración.
“Cada vez que llega una elección, los republicanos tratan de politizar la inmigración. Lo intentaron en 2018 con caravanas y no funcionó para ellos: los demócratas ganaron por el mayor margen en la historia de mitad de período”, subrayó.
A los republicanos latinos de Florida, como Marco Rubio, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, todos ellos hijos de inmigrantes, los acusó de ser unos “falsos”.
“Si bien se oponen al régimen venezolano en nombre de ayudar al pueblo venezolano, cuando llega el momento de ayudar a las familias venezolanas que llegan a nuestras costas y buscan asilo de ese régimen, les dan la espalda”, aseveró.
