Tegucigalpa – La declaratoria de inconstitucionalidad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) es acorde con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, señaló este viernes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH).
La oficina de ONU indicó que la posibilidad que entidades privadas establecieras sus propios sistemas administrativos, judiciales, tributarios y de seguridad en territorio hondureño implicaba que el Estado cediera competencias que guardaban relación con la vigencia de los derechos humanos para sus habitantes, en condiciones de igualdad.
También advirtió que agregaba la posibilidad de violaciones específicas a derechos humanos, como la falta de la consulta libre, previa e informada a pueblos indígenas y afrohondureño.
Agregó que propiciaba expropiaciones forzadas invocando necesidad o interés público, la privatización completa de servicios de salud, educación y seguridad social que repercutirían en la realización de derechos sociales, la afectación a los derechos de acceso a la información.
Recordó que desde el 2014, el Comité de Naciones Unidas para la eliminación de discriminación racial recomendó a Honduras que revisará la compatibilidad de la normativa de las ZEDEs con las obligaciones internacionales de derechos humanos.
El pronunciamiento de la OACNUDH cita que ha identificado que las personas que viven en las comunidades afectadas por estos proyectos no fueron informadas debidamente de los procesos de negociación e instalación de las ZEDEs.
Señaló que el régimen de las ZEDEs ha expuesto al Estado hondureño las demandas arbitrales que exigen indemnizaciones exorbitantes.
Finalmente, ofreció su asistencia al Estado hondureño para que los futuros proyectos de desarrollo e inversión en el país se conciban y ejecuten en armonía, con el respeto y garantía de los derechos humanos.
