Managua – Una defensora de los derechos humanos en Nicaragua cruzó este viernes el río Bravo, en el norte de México, para pedir asilo en Estados Unidos, luego de que el Gobierno de su país cancelara la personalidad jurídica de la ONG en la que trabajaba, según informó una jurista nicaragüense.
La defensora Karla Sequeira “se entregó a Migración estadounidense a las ocho de la mañana con su niño. Fue una travesía muy difícil, va enferma, solicito a las autoridades le den acogida y asistan a esta defensora de derechos humanos”, dijo la también defensora Yonarqui Martínez, en su cuenta en Twitter.
Junto con su mensaje, Martínez publicó un video en el que se observa a Sequeira justo antes de cruzar el río Bravo, con ropa ligera, y amarrada con una cuerda a la cintura, junto con un grupo de personas no identificadas, la mayoría jóvenes.
Hasta hace cinco semanas, Sequeira era directora de asesoría legal de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), organización que fue despojada de su personalidad jurídica en abril pasado.
Un mes antes, Sequeira —que defendía a decenas de opositores presos— había anunciado que la CPDH haría todo lo posible por revertir la situación del secretario ejecutivo de la organización, Marcos Carmona, quien denunció tener “retención migratoria injustificada”.
Al cruzar el río Bravo con su hijo, Sequeira siguió los pasos de su esposo, el activista humanitario Jaime Ampié, quien había sido capturado por la Policía nicaragüense en 2018 y puesto en libertad en 2019, tras lo cual huyó hacia Estados Unidos.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), más de 100.000 nicaragüenses han huido de su país desde la crisis sociopolítica que estalló en 2018, con masivas protestas antigubernamentales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registra al menos 355 muertos en el contexto de dicha crisis, y más de 180 personas que permanecen como “presos políticos”.
En marzo pasado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la creación de un equipo de investigadores para “recolectar, preservar y analizar la información y las evidencias” sobre posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde 2018, cuando manifestaciones multitudinarias antigubernamentales fueron reducidas con ataques armados que, según la CIDH, dejaron cientos de muertos, presos, o desaparecidos.
