Ciudad de Panamá – Defensores ambientales de América Latina y el Caribe han pedido este miércoles en Panamá, durante la inauguración del segundo Foro sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, mayor protección y “voz” ante la violencia que sufren en la región.
“Pedimos que escuchen la voz de las personas defensoras y de la sociedad civil. Aquí se va a construir un plan de acción para que los países puedan proteger a las defensoras”, dijo a EFE la asesora legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Katherine Sánchez.
Sánchez agregó que “hay que empezar a llamar a los países para erradicar las causas estructurales ante la violencia”, a la vez que lamentó las “más de 150 personas asesinadas en Latinoamérica” y que “países como Perú y Brasil no han ratificado” el Acuerdo de Escazú.
Varios defensores ambientales latinoamericanos dijeron a EFE que esperan de este evento lograr un plan para obtener una mayor protección ante la violencia que viven en la región, así como los pueblos indígenas pidieron participación en el Acuerdo de Escazú, ratificado por 15 países de América Latina.
Según el más reciente informe de la asociación internacional Global Witness, presentado en septiembre del año pasado, 157 de los 200 asesinatos de defensores ambientales perpetrados en el mundo en 2021 se registraron en Latinoamérica, con México, Colombia y Brasil concentrando 113 muertes, y en un 40 % de los casos las víctimas eran indígenas.
Colombia fue el país más peligroso para los defensores ambientales en 2022: se notificaron 60 asesinatos de ambientalistas en “otro año nefasto para el país”, una cifra que supone casi el doble que en 2021, cuando 33 líderes perdieron su vida por su labor, según datos de esa asociación.
Indígenas de Latinoamérica piden participar en Acuerdo de Escazú
“Pedimos que incluyan una cuota indígena en el acuerdo, queremos estar representados. Como pueblos indígenas somos defensores directamente a pesar de que nuestro país no ha ratificado el Acuerdo de Escazú”, declaró a EFE el defensor ambiental Saúl Vega Samuel, del pueblo asháninka, en la Amazonía de Perú.
El pasado abril, la segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú en Buenos Aires culminó con la conformación del comité de apoyo a la aplicación y el cumplimiento del tratado, pero ninguno de sus siete integrantes era indígena.
“Estamos incidiendo en la elaboración del plan del Acuerdo de Escazú para hacer un llamado a nuestros gobernantes a que se interesen. Hemos trabajado en difundir el Acuerdo porque muchas personas no lo conocen y en promover los mecanismos de participación”, apuntó la líder indígena guatemalteca Kleidy Sacbá.
Por su parte, la defensora colombia Judy Jacanamejoy, del pueblo originario Kamëntsa, reclamó el “reconocimiento de los espacios sagrados como mecanismos de autoprotección de los defensores ambientales”.
