Nueva York – Una coalición de fiscales generales liderados por Nueva York demandó este miércoles a la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, por haber relajado importantes normas federales de nutrición en los desayunos y almuerzos que se sirven a unos 30 millones de estudiantes en EE.UU.
De acuerdo con la demanda, presentada en el tribunal federal para el distrito sur de Nueva York y anunciada por la fiscal general de este estado, Letitia James, el Departamento de Agricultura redujo los estándares nutricionales para el sodio y los productos integrales que se habían establecido por ley.
Los fiscales de Nueva York, California, Illinois, Minesota, Nuevo México, Vermont y el Distrito de Columbia alegan que la agencia hizo los cambios sin proveer al público la oportunidad de hacer comentarios y en contra de los requerimientos nutricionales para comidas escolares establecidas por el Congreso, que en 1946 aprobó la Ley Nacional de Almuerzos Escolares.
En 1966, reconociendo la relación entre una buena nutrición y la capacidad de un niño de desarrollarse y aprender, se aprobó la Ley de Nutrición Infantil con el objetivo de subsidiar los desayunos.
Los denunciantes argumentan que han tomado esta acción legal para proteger la salud de los escolares en sus estados y asegurar que estas normas no sean cambiadas.
Bajo la administración del expresidente Barack Obama, la antigua primera dama Michelle Obama encabezó una iniciativa centrada en resolver el problema de obesidad infantil, que se implantó basada en las recomendaciones del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias.
Se agregaron al menú más frutas, vegetales, granos integrales, leche baja en grasa o sin grasa, y se exigía que se limitaran los niveles de grasas saturadas, sodio, calorías en el programa de comidas, que administra el Departamento de Agricultura.
En el 2017 el nuevo secretario de Agricultura, Sonny Perdue, firmó una orden para congelar la implementación de los estándares impuestos por Obama.
Según Perdue, la acción era para «dar una mayor flexibilidad» a las escuelas al retrasar hasta 2020 la imposición de límites al sodio que pueden contener los menús escolares y conceder excepciones a los centros que no quieran acogerse a la exigencia de servir alimentos con cereales integrales.
Aseguró que fue resultado de las quejas de muchos administradores de comedores escolares de que las nuevas exigencias hacían que los almuerzos atrajeran menos a los niños y aumentaran el desperdicio de alimentos, que además resultaban más caros.
Esos cambios, según la coalición de los fiscales, no se hicieron de acuerdo con la ley, y los consideran «arbitrarios y caprichosos».
La coalición argumenta además que en 2018 cerca de 30 millones de niños consumieron alrededor de 5.000 millones de almuerzos y que más de 14 millones de niños desayunaron en las escuelas.
Destacaron asimismo que estos programas son especialmente importantes para niños que provienen de familias de escasos recursos económicos.
Las comidas escolares pueden tener un coste que depende del ingreso de la familia. De acuerdo con la demanda, en 2018 más del 74% de los almuerzos y el 85 % de los desayunos fueron gratis o por un precio reducido.
«Más de un millón de niños en Nueva York, especialmente aquellos en comunidades de bajos ingresos, dependen de las comidas que se les sirve diariamente en las escuelas para estar saludables, y prepararlos para aprender», dijo James en una conferencia de prensa para informar de la acción legal.
