Los Ángeles – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó este martes nuevamente al Gobierno del presidente Donald Trump para exigir una reducción drástica en el número de detenidos del Centro de Procesamiento de inmigrantes en Adelanto, California, liberándolos a través de formularios fáciles de diligenciar.
La demanda hace parte de una ola de acciones legales que ACLU y otras organizaciones han presentado para exigir la liberación de indocumentados detenidos en riesgo de contraer el coronavirus.
La agrupación argumenta que la pobre respuesta sanitaria del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha puesto a todos los detenidos de Adelanto en riesgo de infección por COVID-19.
Los demandantes proponen que se establezca un sistema para reducir la población del centro a través de liberaciones que podrían procesarse de manera eficiente, tal y como se está haciendo en un centro del ICE en Massachusetts.
La propuesta es que los detenidos presenten formularios simples de dos páginas que contengan información biográfica, una dirección donde el detenido puede refugiarse, las condiciones médicas y el historial criminal.
Aunque ACLU ha interpuesto varias demandas individuales para pedir la liberación de migrantes de la tercera edad y con problemas de salud preexistentes, la organización dio un paso más contundente para pedir a la Corte de Distrito Central de California que atienda el reclamo colectivo.
«La gran mayoría de los detenidos carece de los recursos para presentar demandas individuales. Además, incluso si todos pudieran demandar de alguna manera, los litigios individualizados poco a poco son demasiado lentos para atender la emergencia en cuestión», advierte la demanda.
Los abogados de ACLU subrayaron que esta demanda colectiva es un mecanismo superior para abordar esta crisis extraordinaria y resolver los reclamos urgentes de socorro.
«El hecho de que el ICE no tome medidas para evitar la propagación de COVID-19 en Adelanto pone a los inmigrantes detenidos allí en grave riesgo de muerte o lesiones graves», dijo Jessica Karp Bansal, abogada de ACLU SoCal.
«También amenaza a las comunidades circundantes, que simplemente no están equipadas para manejar un brote masivo de COVID-19 en Adelanto», agregó.
Los demandantes argumentan que las condiciones de la cárcel de Adelanto, con celdas tan pequeñas de ocho por diez pies ocupadas por cuatro a ocho personas, no cumplen con las recomendaciones establecidas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para frenar los contagios de COVID-19.
Los esfuerzos en favor de los indocumentados también se dieron este martes en el norte del estado, donde una coalición de organización realizó una protesta cumpliendo con el distanciamiento social frente a la Cárcel del Condado de Yuba en Marysville, California.
Citando las malas condiciones, la jueza federal Maxine Chesney en San Francisco ordenó la semana pasada la liberación de cuatro personas bajo custodia en los centros de Yuba y Mesa Verde.
«Es indiscutible que las unidades de vivienda, el área de comidas y los controles de temperatura no cumplen con las órdenes de distanciamiento social. Ninguna de las personas detenidas recibe máscaras y la mayoría del personal de la cárcel no usa máscaras», señaló la magistrada en su orden.
