Fotografía del arresto de un indocumentado con antecedentes penales en San Diego, California. EFE

Los Ángeles – La organización Al Otro Lado y la clínica de ayuda legal Edwin F. Mandel de la Universidad de Chicago demandaron este jueves al Gobierno federal estadounidense por no entregar los registros públicos sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en inmigrantes bajo su custodia, solicitados en base a la Ley de Libertad de Información (FOIA).

La querella advierte que Al Otro Lado, basada en California, pidió el pasado 6 de mayo información relacionada sobre el avance del virus en el Centro de Detención de Otay Mesa y el Centro de Detención de Adelanto, así como en todos los puertos de entrada terrestres y las estaciones de la Patrulla Fronteriza en California.

Sin embargo, las solicitudes basadas en FOIA no han sido contestadas por el Gobierno del presidente Donald Trump.

El centro de Otay Mesa es el sitio de detención del ICE con el mayor brote de COVID-19 en la nación. Este lugar reportó la primera muerte de un inmigrante detenido contagiado con COVID-19 en el país.

Mientras la cárcel de Adelanto está en el ojo del huracán después que varios detenidos informaran que se están enfermando debido a los productos químicos usados para combatir la enfermedad.

Nicole Hallett, directora de la clínica legal Mandel, dijo en un comunicado que “los expertos en salud pública han advertido que los centros de detención de inmigrantes son ‘un desastre de salud pública a la espera de que suceda’, lo que hace que el hecho de que DHS (Departamento de Seguridad Nacional) no brinde información sobre las medidas de protección que se están tomando sea aun más atroz”.

Por su parte, Nicole Ramos, directora del Proyecto de Derechos Fronterizos de Al Otro Lado, consideró que el “DHS debe rendir cuentas por el funcionamiento de los que esencialmente se han convertido en campos de exterminio de COVID-19”.

Entre los datos solicitados están Información de detenidos que han reportado síntomas respiratorios o similares a los de la gripe, o que han sido evaluados o diagnosticados con COVID-19 desde el 1 de febrero de 2020 hasta el presente.

Además, los demandantes requieren que se entreguen registros relacionados con las precauciones tomadas en las instalaciones debido a la pandemia. Estos registros deben contener el número de detenidos que han sido llevados al hospital, aquellos que dieron positivo por COVID-19, como también los inmigrantes puestos en confinamiento solitario o libertad bajo palabra.

También requieren información sobre la gestión de las huelgas de hambre en el instalaciones que exigían atención por la enfermedad, entre otras solicitudes.

La querella presentada en el Tribunal del Distrito Central de California pide al juez que ordene al Gobierno Trump a “realizar una búsqueda de registros con la diligencia debida y tan rápido como sea posible, y para entregar tales registros a los demandantes”.

“No podemos detener a inmigrantes durante una pandemia mientras nos negamos a implementar medidas de protección críticas o brindar atención médica que salve vidas, y si el DHS no puede hacerlo, todos los inmigrantes detenidos deben ser liberados. Hacer cualquier otra cosa es desmesurado”, insistió Ramos.