Tucson (AZ) – La Patrulla Fronteriza opera bajo una cultura de impunidad y racismo sistemático que viola los derechos de los inmigrantes y ciudadanos, denunciaron este martes grupos defensores de los indocumentados.
El grupo Víctimas de la Patrulla Fronteriza, junto a la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, dieron a conocer hoy, el mismo día en que el presidente Trump visitará la frontera de este estado con México, un reporte sobre el uso excesivo de fuerza a manos de efectivos de la Patrulla Fronteriza en el Condado de Pima.
El informe «Cuando la fuerza excesiva se convierte en rutina» refleja que desde el año 2010 seis personas han muerto en incidentes que involucraron el uso de fuerza letal por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, mientras que otros dos han perdido la vida cuando estaban bajo custodia de esta agencia federal.
«Con las muertes recientes de George Floyd, Rayshard Borooks y otros afroamericanos a manos de la policía, toda la nación se ha dado cuenta del problema de la brutalidad policial y la urgencia de abordarlo», dijo a Efe Richard Boren, director de la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza.
El informe presentado hoy pone de relieve la muerte a tiros en 2014 del estadounidense José Luis Arambula a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza, cerca de la población de Green Valley.
Durante el incidente, Arambula, sospechoso de transportar drogas, escapaba de las autoridades manejando a alta velocidad pero detuvo su auto y huyó perseguido de dos agentes de la Patrulla Fronteriza.
Durante la persecución, el agente Daniel Márquez disparó nueve veces a Arambula. El agente testificó luego que temía que el hombre portara un arma de fuego si bien en el lugar solo se encontró un teléfono celular.
«Consideramos que la Fiscalía del Condado de Pima también es parte del problema, siempre se ha rehusado a enjuiciar a los agentes fronterizos», enfatizó Boren, cuyo grupo pide que se reabra el caso.
En su opinión, la fiscalía investigó el caso de forma «superficial» y, a pesar de varias «anomalías» que se encontraron en el lugar de los hechos, se rehusó a presentar cargos.
El segundo caso destacado en el informe es el del estadounidense Ángel Mendivil, residente de Tucson y quien en 2019, en el puerto de entrada DeConcini, en Nogales (Arizona), recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza por un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
CBP afirmó que Mendevil uso su automóvil como «arma» contra los agentes. Nunca se presentaron cargos federales en contra del oficial y la agencia federal se rehúsa a contestar preguntas sobre el caso.
El reporte, presentado hoy ante la Junta de Supervisores del Condado Pima, solicita que la Fiscalía reabra las investigaciones y sugiere que el Condado de Pima establezca un comité ciudadano que supervise las acciones e investigaciones a la Patrulla Fronteriza.
«El Condado Pima tiene el poder de solicitar que estos casos se investiguen nuevamente, que la fiscalía del condado reabra los casos y se haga una investigación más profunda, y sobre todo más rápida, no es posible que tengamos que esperar años para saber el resultado de una investigación», dijo a Efe Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona.
García considera que la Patrulla Fronteriza tienen un largo historial de «fabricación de falsedades» para justificar el uso de fuerza mortal.
El reporte resalta que en cada una de estas muertes, la agencia alegó que se produjo una lucha que derivó en el uso de la fuerza letal. No exista evidencia en video ya que la Patrulla se ha negado a implementar el uso de cámaras corporales.
Ambos grupos recalcaron también el poder político que tiene el Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza y como protegen a toda costa a los agentes involucrados en este tipo de polémicos incidentes.
Los activistas enviarán el reporte a cada uno de los candidatos al cargo de fiscal de este condado.
Donald Trump visitará hoy la población fronteriza de Yuma, en Arizona, donde supervisará los avances de la valla fronteriza.
