Washington – Las autoridades de inmigración de Estados Unidos adquieren y usan «vastas cantidades» de datos de localización de migrantes mediante teléfonos celulares sin orden judicial, denunció la Unión de Libertades Civiles (Aclu).
La documentación obtenida por Aclu muestra «los intentos del Gobierno por lavarse las manos de toda responsabilidad en la adquisición de datos sobre la localización de personas que requerirían una orden judicial», afirmó Shreya Tewari, de Aclu.
La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés), el Servicio de control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), y otras agencias que dependen del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) han estado recolectando información «extraída a las llamadas de aplicaciones en teléfonos inteligentes», según Aclu.
Las autoridades de inmigración han recurrido a aplicaciones y celulares para determinar la ubicación de migrantes indocumentados que están a la espera de una audiencia en tribunales de inmigración para determinar si permanecerán en el país o deben ser deportados.
El Gobierno ha usado millones de dólares «para comprar el acceso a la información de localización de teléfonos celulares compilada y vendida por dos vendedores de datos, Venntel y Babel Street», añadió el grupo.
Los documentos que Aclu obtuvo mediante una gestión bajo la Ley de Libertad de Información muestran, según el grupo, los intentos de las compañías y del gobierno por «racionalizar esta venta irrestricta de cantidades enormes de datos».
Aclu apuntó que el Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado por la protección de datos similares de localización mediante los teléfonos móviles contra el acceso gubernamental sin orden judicial.
«El Tribunal Supremo ha dejado en claro que, debido a que nuestro historial de ubicación mediante el teléfono celular revela tanto de la ‘vida privada’, merece toda la protección de la Cuarta Enmienda de la Constitución», señaló Nathan Freed Wessler, subdirector de Aclu.
El Comité Judicial de la Cámara de Representantes tendrá este martes una audiencia en la cual se examinarán las «redadas digitales» y el acceso del gobierno a la información personal de la población, indicó Aclu.
