Denver (CO) – Denver destinará 377.000 dólares y trabajará con organizaciones locales y nacionales para proveer abogados a indocumentados residentes en esta ciudad, incluyendo aquellos con orden de deportación, anunciaron hoy las autoridades locales.
El proyecto, conocido como Fondo de Servicios Legales para Inmigrantes de Denver, ya había sido aprobado en agosto de 2017 por una orden ejecutiva del alcalde Michael Hancock, aunque carecía de fondos hasta la fecha.
Desde entonces, un grupo de expertos diseñó un sistema que busca, además de ofrecer la asistencia legal, proteger a las víctimas de crímenes sin importar su situación inmigratoria y ayudar a las familias afectadas por deportaciones.
Para eso, Denver se asoció con organizaciones para ayudar por medio de representación legal sin costo a «personas elegibles» ya detenidas por su situación inmigratoria y con orden de deportación, que estén gestionando su ciudadanía o hayan pedido asilo o que estén en el proceso de renovar su Acción Diferida (DACA).
Denver trabajará con la Red de las Montañas Rocosas de Defensa de Inmigrantes (RMIAN); Ministerios Mile High, que opera un centro de ayuda para temas legales; Servicios Familiares Luteranos, enfocado en la renovación de DACA, y la Facultad de Abogacía de la Universidad de Denver con el objetivo de capacitar a abogados interesados.
Para el concejal Paul López, principal impulsor de la iniciativa, el proyecto es necesario porque «el actual sistema inmigratorio está quebrado», como lo evidencian «niños detenidos en la frontera, residentes menos dispuestos a reportar crímenes, amenazas a nuestras comunidades, y un sentimiento de desesperación».
«El Fondo de Servicios Legales para Inmigrantes respaldará y protegerá el proceso debido y mantendrá a las familias unidas», dijo López en declaraciones escritas enviadas a Efe.
A nivel nacional, la municipalidad de Denver trabaja con el Instituto Vera, que el año pasado creó la Red de Seguridad y Justicia para Todos (SAFE, en inglés), compuesta de 12 jurisdicciones que, como Denver, ofrecen ayuda legal gratuita a ciertos indocumentados.
La colaboración con el Instituto Vera también le permite a Denver aceptar donaciones del público a favor del nuevo fondo.
Esas donaciones, dijo el alcalde Hancock, permitirán ayudar a «cientos de otros residentes de Denver y quizá miles» a contar con un abogado en vez de tener que «enfrentarse solos a un complicado proceso legal».
Según el Buró del Censo, el 16 % de los 704.000 habitantes de Denver son extranjeros, por encima del promedio nacional del 13 %.
La orden ejecutiva de Hancock que creó el Fondo de Servicios Legales para Inmigrantes de Denver establece que el proyecto concluirá el 20 de enero de 2021, el último día del actual mandato del presidente Donald Trump.
A la vez, enfatiza que la medida no interferirá con el accionar de agentes de inmigración o de la justicia federal.
