Miami – El aspirante presidencial por el Partido Republicano Ron DeSantis dará detalles de su propuesta en materia de inmigración durante un acto de campaña que ofrecerá el próximo lunes en la frontera sur de Estados Unidos, informaron este viernes medios estadounidenses.
De acuerdo a la web de su campaña, el gobernador de Florida ofrecerá un mitin la mañana del lunes en la localidad de Eagle Pass (Texas), donde la tarde del domingo hará un tour por la línea fronteriza y se espera que nuevamente critique las políticas migratorias emprendidas por la Administración del presidente de EEUU, Joe Biden.
«Las políticas de fronteras abiertas de Joe Biden han destruido nuestra soberanía, y Ron DeSantis no descansará hasta que se restablezca. Detendrá la invasión y asegurará la frontera de una vez por todas, y no habrá excusas», dijo Andrew Romeo, portavoz de la campaña de DeSantis, según recoge el medio especializado The Hill.
Romeo agregó que a lo largo de los próximos meses, el precandidato continuará dando detalles sobre sus propuestas en materias como economía y seguridad en la frontera que servirán para «enderezar el barco».
La visita del gobernador de Florida, quien va segundo en intención de voto entre los aspirantes a la nominación republicana, por detrás del expresidente Donald Trump (2017-2021), se da luego de anunciar esta semana la formación de una coalición de alguaciles para combatir la «crisis en la frontera sur».
La administración de DeSantis se ha responsabilizado además de los recientes traslados de indocumentados hasta Sacramento, la capital de California, una acción que ha llevado a las autoridades de este estado del oeste a amenazar con acciones legales.
El gobernador de Florida ha hecho de la inmigración una de las piedras angulares de su campaña para las elecciones de 2024, en las que Biden buscará la reelección, y en cada acto de campaña destaca como modelo su gestión en el sureño estado.
Precisamente, el próximo 1 de julio entrará en vigor en Florida una ley para combatir la inmigración irregular que es considerada por los activistas como una de las más estrictas del país, y que entre otras cosas penaliza el transporte al estado de indocumentados y la contratación de «sin papeles».
