Desmantelan red que enviaba migrantes indocumentados a EEUU desde Brasil

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Río de Janeiro – La Policía Federal de Brasil, con el apoyo del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), desmanteló este martes una red internacional de tráfico ilegal de migrantes que centraba sus operaciones desde la ciudad brasileña de Sao Paulo, informaron fuentes oficiales.

A través de interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos, las autoridades descubrieron que la red facilitaba pasaportes y visas brasileñas falsos en países del este de África, desde donde los inmigrantes ilegales partían a Sao Paulo.

En la ciudad brasileña los inmigrantes eran recibidos por la organización criminal que le retenía los pasaportes, los hospedaba en un hotel y luego los trasladaba al fronterizo municipio de Río Branco, en el estado de Acre (norte), donde cruzaban la frontera con Perú y continuaban por tierra en autobús, a hasta a pié, hasta los límites de México con los Estados Unidos.

De acuerdo con la información de la Policía Federal, la red que operaba en Sao Paulo centralizó y controló completamente la ruta a través del contacto con otros miembros en todos los países y continentes involucrados.

Entre los inmigrantes enviados ilegalmente a los Estados Unidos hay dos sospechosos somalís de terrorismo, que ya fueron arrestados en los Estados Unidos, y que pasaron algunos días en Sao Paulo y en el estado de Acre antes de continuar su viaje hacia el país norteamericano.

Las investigaciones también permitieron identificar que uno de los miembros de la organización criminal difundió a través de su página de una red social símbolos y personajes nazis.

Durante el operativo de este martes la Policía cumplió tres mandatos de prisión y realizó seis allanamientos en diferentes lugares de la capital paulista.

Tráfico de migrantes, organización criminal, falsificación de documentos públicos y divulgación de nazismo están entre los delitos por los que tendrán que responder los miembros de la red, por los que pagarían penas de 3 a 8 años de prisión. 

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