Tegucigalpa – El 50 % de los departamentos de Honduras reflejan una alta incidencia por desplazamiento forzado interno.
– Los municipios del Distrito Central y San Pedro Sula registran la mayor incidencia de desplazados forzados.
Así lo refleja un reciente informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) y que abarca los últimos cinco años y que desglosa entre sus causas las actividades de narcotráfico, organizaciones criminales, conflictos de tierras y hasta afectaciones por catástrofes.
En el Día Mundial de la Población, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que más de 1.7 millones de hondureños salieron del país en la última década, de los que 700 mil fueron retornados y el resto (1 millón) está disperso en la ruta migratoria y otros ingresaron a EEUU.
Paradójicamente este mismo lunes se conoció que al menos 10 familias abandonaron sus viviendas en la zona de Chamelecón, departamento de Cortés, por temor a maras o pandillas.
Las viviendas abandonadas se ubican en las colonias: Sabillón, Suyapa y San Antonio, sector Chamelecón, donde se protagonizan enfrentamientos entre simpatizantes de la mara MS-13 y la pandilla 18.
En la zona hay una cuadra que luce desolada y da la apariencia de un pueblo fantasma. Los pleitos por control de territorio son permanente y prácticamente la autoridad no ejerce en ese sector.
El portavoz de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid, dijo que no se pueden detallar las estrategias que se van a implementar en la zona porque los miembros de las maras y las pandillas monitorean todos los medios de comunicación.
En ese sentido, señaló que hay sectores calientes tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa que son los lugares con mayor población y donde se ve el mayor índice de estos casos.
Recomendó a las familias que han abandonado sus viviendas que realicen las denuncias formales para poder capturar a los pandilleros que los han amenazado.
Sostuvo que la población debe de perder el miedo e interponer las denuncias porque es ahí donde falla el sistema de seguridad porque sin denuncia no hay investigación y no se pueden hacer operativos de seguridad.
Casos todos los días
El abogado Ricardo López, director del despacho del Conadeh, dijo a Proceso Digital y Departamento 19 que la situación del desplazamiento forzado en Honduras es preocupante debido a que los casos se registran diariamente.
Las familias se ven obligadas a desplazarse a los diferentes sectores del país e incluso migrar a otras fronteras con el afán de poner a salvo sus vidas.
Indicó que esta situación obliga a que las personas o familias tras agotar el desplazamiento interno en su país deciden salir del país y piden asilo o protección en otros países.
La situación del Desplazamiento Forzado en Honduras, refleja datos entre julio de 2016 a julio de 2021 (5 años) en ese periodo atendió un total de 52 mil 043 quejas, a nivel nacional, de las cuales 4 mil 711, que representan el 9 %, están relacionadas a situaciones de desplazamiento interno.
El informe detalla que las personas afectadas suman unas 11 mil 015, de las cuales 5 mil 823 que representan el 52.8 % manifestaron una situación de riesgo de desplazamiento, mientras que las restantes 5 mil 162 admitieron haberse desplazado forzadamente.
Respuestas tardías
El exdirector de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), Gonzalo Sánchez, dijo que tanto el gobierno anterior y el actual se han tardado en darle una respuesta contundente a la población en el tema de seguridad.
“Se han tardado en reaccionar, el mejor ejemplo es el que están dando las autoridades de El Salvador con su presidente Nayib Bukele”, dijo en alusión al combate a las maras y pandillas en el vecino país que deja más de 40 mil detenidos en los últimos meses.
Dijo que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen todas las condiciones y recursos para hacer fuertes operaciones anticrimen.
Criticó que las organizaciones criminales tienen más poder que la propia autoridad. “El gobierno tiene todo el equipo y los elementos de seguridad para ponerle fin a este problema”, afirmó.
Sánchez aseveró que aumentar las penas no reduce la ola de criminalidad, e incluso en los países donde hay pena de muerte no se han reducido los niveles de violencia.
Recordó que en la administración del presidente Ricardo Maduro se pusieron de moda “los madrugones” que eran operaciones desde tempranas horas en las zonas más conflictivas de Honduras.
“En el gobierno de Ricardo Maduro se liberaron muchas colonias, pero fue gracias a que se atacó con todo, usando todos los recursos del Estado, se puede hacer ahora, pero que no se quiere hacer eso es otra cosa”, esbozó.
Sugirió la prevención del delito para disuadir las operaciones criminales, “ya es tiempo de poner mano dura porque si seguimos blandengues no sé dónde iremos a parar”.
Se requieren nuevas estrategias
Los desplazamientos de familias por presiones de estructuras criminales no son algo nuevo, este fenómeno inició después del paso del huracán Mitch en Honduras en 1998, señaló el criminólogo Nery Ordoñez.
“Los desplazamientos tienen un inicio después del paso del huracán Mitch, cuando las familias dejaban abandonadas las casas en la zona norte, las estructuras criminales empezaron a apoderarse de esas viviendas”, declaró a Proceso Digital.
Recordó que las estructuras criminales empezaron a apoderarse de viviendas en el sector de La Planeta en La Lima, El Progreso y Choloma, como una forma de ubicación.
Ordoñez manifestó que en el país solo los grupos criminales Pandilla 18 y la MS-13 son las únicas que poseen la capacidad de apoderarse de viviendas ajenas.
Indicó que con el tiempo, las estructuras se fueron desplazando en Tegucigalpa y San Pedro Sula para ir apropiándose de más viviendas y dejándolas como “casas locas”.
El criminólogo recordó que en el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006), se utilizaron nuevas estrategias como el empoderamiento de la Policía, que consistía en llegar a sectores para sacar a los mareros y dejar un retén por un tiempo determinado.
Sin embargo, reconoció que las condiciones ahora son otras y por lo tanto se requieren nuevas estrategias para contrarrestar las operaciones de estos grupos criminales.
Urgió a la Policía a instalar retenes móviles en las zonas consideradas conflictivas para asegurar la libre circulación y convivencia ciudadana.
Recomendó que las autoridades de seguridad coloquen retenes fijos en la calle para tratar de evitar que las pandillas continúan forzando a las personas a desplazarse hacia otros lugares.
Comentó que la recuperación de la zona Chamelecón dependerá de las estrategias que la Policía implemente para fortalecer la estabilidad.
Problema arraigado y de grandes dimensiones
El general en condición de retiro, Luis Alonso Maldonado, analizó el tema con Proceso Digital, cree que se trata de una amenaza constante que deja grandes consecuencias para la población y serios desafíos para las autoridades, en el sentido que las maras y pandillas buscan ejercer por medio de la fuerza, el control de ciertos territorios y Chamelecón es parte de sus objetivos.
Una vez que la estructura criminal siente que no tiene control sobre los habitantes, -dice el analista y agrega-, entonces amenazan y buscan apropiarse de la zona para sentirse seguros, su modo para operar agresivo y grave para la sociedad, que ante la posibilidad de muerte tiene que dejar abandonados todos los esfuerzos que hicieron durante muchos años.
Según Maldonado, es necesario atender el problema de manera inmediata, no solo desde las capacidades de la Policía Nacional, sino de las Fuerzas Armadas, los cuerpos de inteligencia del Estado y la Fiscalía General de la República, en el sentido que hay enfrentar a estructuras criminales que gozan de complicidad poblacional suficiente como para burlar la ley.
Hay que evolucionar tecnología y capacidades
“La inteligencia permitirá identificar líderes de estas asociaciones, su organización y capacidades para después ejecutar acciones operativas de la Policía y demás cuerpos de seguridad, en el marco de una gran confidencialidad, en esta lucha deben intervenir las alcaldía con la promoción de la convivencia social y el Estados con estrategias de carácter preventivo”, indicó Maldonado.
Concluyó en que hay que recurrir a todos los recursos estatales para desarrollar capacidades frente a la criminalidad, no hay que prescindir de las FFAA, porque la respuesta frente a ese flagelo será tardía, además la capacidad de la Policía Nacional es muy limitada para darle una cobertura como en realidad corresponde a este tema donde el crimen organizado es muy fuerte.
“En este momento no hay capacidad para hacerle frente a ese fenómeno, hay que evolucionar con tecnología, aumentar el número del personal policial, incrementar las capacidades de inteligencia, información y de operación; la Policía Comunitaria es solo una estrategia complementaria, pero los objetivos en materia de seguridad están ya definidos”, finalizó.
Mayor incidencia en 9 departamentos
Según el informe del Conadeh, de 2016 a 2021, los departamentos de Cortés y Francisco Morazán presentaron un alto número de quejas interpuestas, lo que evidencia el impacto de la violencia en estas zonas.
Es así que mil 864 personas, lo que representa el 39.5 % de las quejas, reportaron en el departamento de Francisco Morazán, y 958, que representa el 15.6 %, en Cortés.
El restante está distribuido principalmente en los departamentos de Olancho con 281 quejas que representa el 5.9 % y Atlántida con 276 que significa un 5.8 %.
Según las autoridades, las dinámicas observadas en los departamentos del Litoral Atlántico indican riesgos asociados a actividades de narcotráfico, grupos armados, conflictos de tierras y hasta afectaciones por catástrofes naturales.
Mientras que los departamentos de Choluteca registra 276 desplazamientos lo que representa el 4.2 %; Yoro con el 3.7 % que significan 179 quejas; El Paraíso con 155 quejas lo que representa el 3.2 %; Comayagua con 132 que es un 2.3 %, mismo porcentaje se reporta en el departamento de Colón.
DC y SPS los municipios con mayores quejas
Asimismo, el informe señala que los municipios que presentaron la mayor cantidad de quejas y riesgo de desplazamiento son el Distrito Central y San Pedro Sula, los cuales concentraron el 57 % del total de quejas durante dicho periodo con un total de dos mil 598 personas.
Tanto el Distrito Central como San Pedro Sula son las dos ciudades más grandes de Honduras, con la mayor densidad poblacional y de mayor actividad económica.
Las causas asociadas a los desplazamientos y riesgos de desplazamiento en estas zonas incluyen amenazas, secuestros, extorsión, entre otros.
Entre los otros municipios más afectados se encuentran: Choluteca, que incrementó durante el año 2018-2019; La Ceiba, a partir del año 2018 comenzó a duplicar sus valores; municipios como Roatán, Puerto Lempira, Choloma, Danlí, El Progreso, Tocoa, Comayagua y Villanueva han registrado incrementos anuales.
Cabe destacar que durante el periodo de reporte, en el 60 % de los municipios del país se registró una o más quejas relacionadas con desplazamiento o riesgo de desplazamiento.
Principales causas
El informe señala que las personas que interpusieron una queja manifestaron haber experimentado distintos hechos de riesgo y violencia, perpetrados por diferentes actores.
La mayoría de las personas indicó que una persona desconocida fue quien perpetró el hecho violento y que generó el desplazamiento o el riesgo de desplazamiento.
Las maras y pandillas continúan siendo uno de los principales agresores mayormente identificados. Igualmente hay casos en que las personas identificaron a “conocidos” como los principales agresores.
Entre otros de los agresores principales se encuentran bandas criminales, operadores de justicia, parejas, vecinos, familiares y narcotraficantes.
Migración
Honduras se encuentra entre los 10 países con mayor cantidad de solicitantes de refugio en el mundo en 2021 con 59 mil 800 connacionales, según datos de la ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados).
Asimismo, indica que 221 mil 678 hondureños solicitaron asilo en 2021, esto significa un incremento del 15% en comparación con el 2020.
Además, de un incremento de 162 veces en comparación con cifras de hace 10 años.
Los hondureños buscan protección en un 61 % en México, el 33 % en Estados Unidos y el 6 % en otros países.
Los solicitantes de asilo en México los hondureños representan el 28 % de todas las solicitudes y el 10 % en EEUU.
