Tegucigalpa – La violencia sigue en alza en el país y ello obliga inicialmente a desplazamientos internos de la población que al final de traducen en que miles de familias se ven obligadas a migrar a Estados Unidos, mientras la Ley de Prevención, Atención y Protección a las Personas Desplazadas Internas no ha sido activada por la Secretaría de Derechos Humanos, aunque la misma fue aprobada en diciembre de 2022.
– Se necesita activar la Comisión Interinstitucional para la protección de las personas desplazadas internas.
– La ley plantea visibilizar más el fenómeno, dar respuestas a las víctimas y prevenir nuevos desplazamientos, señala ACNUR.
El desplazamiento forzado va en incremento a medida que los niveles de violencia van en alza en el país, esto crea un impacto en la movilización forzada.
Si ya hay una política se debe de implementar esta herramienta porque la realidad es que la violencia sigue ganando terreno y con ello el desplazamiento forzado afecta a familias enteras.
Proceso Digital y Departamento 19 hablaron sobre el tema con Elsy Reyes, encargada de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), quien sostuvo que la coordinación para la implementación de la Ley de Prevención, Atención y Protección a las Personas Desplazadas Internas, le corresponde a la Secretaría de Derechos Humanos y aquí se necesita activar la Comisión Interinstitucional para la protección de las personas desplazadas internas.
Igualmente, detalló que se necesita iniciar con los procesos de formación de los diferentes actores de las instituciones públicas y más que estas tienen poco tiempo en el poder por lo que es importante capacitarlos para que conozcan los alcances de la ley.
Explicó que desde el Conadeh se está brindando una atención directa a las personas que son víctimas de desplazamiento interno, se les brinda atención sicológica, asesorías y atención humanitaria y se busca con otros socios la derivación de los casos para posibles procesos de reubicación.
Igualmente, dijo que están realizando una socialización de la ley con algunas alcaldías municipales, sin embargo acá se deben de crear unidades municipales para atender a las víctimas de desplazamiento forzado.
Sin presupuesto y sin liderazgo
“Se tiene que crear un presupuesto para que la Secretaría de Derechos Humanos pueda implementar la ley, hay muchos aspectos y roles que tiene la ley que todavía no se han implementado y se necesita ese liderazgo y coordinación activa de la secretaría”, argumentó
Añadió que ahora el Estado que cuenta con esta política pública tiene que pedir a todas las instituciones responsables, como el Registro Nacional de las Personas (RNP), facilitar todos los documentos necesarios a la persona que está sufriendo de este flagelo, porque en muchos de los casos salen de sus casas sin sacar un documento de la misma.
También, detalló que se ocupa a las autoridades del Instituto de la Propiedad porque estas personas necesitan registrar los bienes de las víctimas de desplazamiento forzado.
Añadió que la Secretaría de Seguridad debe brindar protección a las víctimas y judicializar los casos.
“Esta es una coordinación interinstitucional que se debe de activar por medio de la Secretaría de Derechos Humanos para que se empiece a dar respuestas, el Conadeh está al pendiente de la convocatoria que deben hacer para poder activar la ley”, apuntó.
La ley plantea visibilizar el fenómeno
La ley para proteger a los desplazados por la violencia en Honduras, aprobada en 2022, plantea visibilizar más el fenómeno, dar respuestas a las víctimas y prevenir nuevos desplazamientos, dijo a Proceso Digital y Departamento 19 Andrés Celis, representante de ACNUR en Honduras.
Esta Ley es el resultado de un gran compromiso de las autoridades, que con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han logrado que su contenido esté alineado a estándares internacionales de protección, constituyendo un hito nacional en la protección de los derechos fundamentales de miles de personas hondureñas impactadas por la violencia generalizada, por lo tanto la misma debe de ponerse en funcionamiento, sostuvo.
Además, prevé la generación de información con la finalidad de desarrollar políticas públicas para atender las consecuencias del desplazamiento interno.
De la misma manera, la ley establece responsabilidades y mecanismos de coordinación de las instituciones del Estado para prevenir las causas del desplazamiento interno; registrar y caracterizar a las víctimas; garantizar la restitución de derechos de las personas forzadas a huir; y, proteger a las comunidades más afectadas por la violencia, indicó.
Trabajar en las causas
Celis recomendó al gobierno trabajar en las causas que están provocando la salida forzada de la población.
“Cuando hablamos de refugio, desplazamiento interno están vinculadas a cómo prevenir el impacto de la violencia, a recuperar el arraigo, como mejorar las condiciones de los derechos de las personas y entre los derechos está el de pedir asilo”, recordó.
Ejemplificó que si alguien está en riesgo, en peligro, pues busca salir del país para protegerse, pero si el país cuenta con un mecanismo de protección es de reforzar ese mecanismo y ¿cómo se logra?, preguntó al tiempo que respondió trabajando en las causas que provocan el desplazamiento forzado.
Detalló que se debe de mejorar el clima de diálogo en la población, la gente tiene que sentir que puede opinar, que tiene derechos, que no va haber alguien que le va imponer a través de la violencia a tomar una decisión.
“Creo que en lo concreto el haber elaborado un marco jurídico como es la Ley de Desplazamiento Forzado es algo bueno para Honduras, por lo que es importante que en ese marco jurídico se le diga a la población que si tienen un plan de contingencia, y esas contingencias tienen que tomar en cuenta que hay realidades como lo son las maras y pandillas que son las que amenazan y obligan a salir a las familias de sus viviendas o el reclutamiento forzado”, argumentó.
Agregó que con estos elementos se deben reforzar planes de contingencia de parte de las autoridades, porque si se busca salvaguardar la vida de las personas, pues el plan debe de ayudar en el resguardo de su vivienda si se huye.
Asimismo, que los menores puedan tener acceso a la educación a pesar del desplazamiento, es otra forma de asegurar el derecho que tienen los menores y que tengan salud.
El funcionario indicó que la ley de Desplazados constituye en alguna medida un término integral donde se le pueda dar una respuesta sólida a aquellas personas que sufren de violencia sin necesidad de salir del país, pero sí ésta decide que se va por el mismo miedo que genera la violencia está en su derecho para irse, puntualizó.
Proceso Digital intentó comunicarse con el encargado de la Unidad de Desplazamiento Forzado de la Secretaría de Derechos Humanos, pero la misma fue imposible.
