Tegucigalpa – “En un mensaje me mandaron a decir que tenía menos de un mes para abandonar mi casa, al inicio no creía, pero después por medio de una llamada me advirtieron nuevamente que tenía que irme”, dijo una joven madre hondureña que debió abandonar su vivienda debido a las amenazas provenientes de un grupo criminal que opera en Honduras.
“No quiero hablar de eso” dijo para referirse al tema, porque asume que eso le podría generar un nuevo problema con las personas que ni ella misma sabe “quiénes son y porque le quitaron su casa”. Sin embargo, accedió para dialogar brevemente desde el anonimato con Proceso Digital y bajo ciertas condiciones en las que pidió ocultar cierta información de su persona.
Ella había iniciado la construcción de su vivienda hace poco menos de tres años con su esposo, pero el proyecto de su soñado hogar no pudo culminarse porque la violencia le arrancó la vida del padre de sus hijos.
“Trabajábamos juntos, pero ya sin él, no había dinero para terminarla. Yo no quiero problemas por eso mejor me tuve que ir con mis hijos, porque en estos casos nadie te protege” expuso.
¿Recurrió a alguna autoridad para denunciar su caso? Le consultó Proceso Digital y ella respondió: “no vale la pena, lo que yo quiero es estar tranquila y sin problemas”. Asimismo, comentó que su casa está siendo habitada por personas que no cree que “ellas sean las que me hayan pedido que me fuera”.
Mientras ciertas zonas de las grandes ciudades han sido parcialmente liberadas de las bandas de extorsionadores, surgen otras que reeditan los delitos con mayor acento y además extienden sus practicas de criminalidad a poblados del interior del país.
Se dispararon las cifras
Un informe denominado Caracterización del Desplazamiento Interno por Violencia en Honduras, presentado por Secretaría de Derechos Humanos y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), revela que las maras forzaron el desplazamiento de 247 mil 90 personas en el país entre el 2004 y 2018.
El documento expuesto por expertos de ambas instituciones, indica que unos 58 mil 550 hogares, en los que se presume que uno de sus integrantes tuvo que abandonar su familia. Además, revela que unos 191 mil hondureños se movilizaron específicamente por el tema de la violencia y violación de derechos humanos.
La investigación además agrega que entre las causas más comunes del desplazamiento forzado corresponden a que al menos un 55% abandonó su hogar por amenazas de muerte; un 40% por asesinato de un familiar; un 13% por extorsión y un 3% por reclutamiento forzado de las maras y pandillas.
Más del 50% del desplazamiento se dio entre 2013 – 2018, donde al menos el 77% de los responsables de los hogares, admitieron que la causa para abandonar su vivienda fue por inseguridad y un 47% sostiene que los principales actores corresponden a las maras y pandillas.
No se está atendiendo el problema
Proceso Digital dialogó con la experta en el tema migratorio, Sally Valladares, quien asegura que el fenómeno del desplazamiento forzado no está siendo atendido como debería, “no hay medidas preventivas y eso no da respuesta a la población afectada en Honduras”.
Valladares reconoce algunos avances desde las autoridades, ya desde el hecho que el Estado de Honduras haya reconocido el desplazamiento forzado. “El país sufre un desplazamiento, ocasionado por las maras, también hay personas que huyen por temas políticos, incluso en situaciones el mismo Estado puede ser el agente persecutor, también hay fenómenos naturales que se suman a este problema”.
No se puede desconocer el acoso que sufren los transportistas por decirlo así, con el tema de la extorsión, el caso es que no hay un sector definido al que se dirige este fenómeno, aquí todos podemos ser víctimas, pero hay problemas más preocupantes aún, es que, pese a que se hacen esfuerzos para contrarrestar la extorsión, se siguen teniendo índices muy altos, dijo Sally Valladares.
Existe una responsabilidad compartida
Igualmente cuestionó que el Estado “no ha concentrado esfuerzos en investigar las verdaderas causas del desplazamiento y quienes son los causantes de este gran problema para los hondureños, es importante que se reconozca el problema, tampoco significa que con eso es suficiente, hay mucho que hacer al respecto”.
El informe revela su preocupación por el incremento de personas desplazadas, ya que, en 2014, las cifras hablaban de 77 mil afectados, pero ya este año se refiere a 247 mil 90. A criterio de Valladares “es preocupante porque el numeró, comparado a la población nacional, es relativamente muy alto y eso exige que las autoridades le presenten más atención”.
Hay una responsabilidad compartida, de la población en denunciar el ilícito, además de la Secretaría de Seguridad para investigar, porque la omisión de una respuesta preventiva de protección de las autoridades bloquea las posibilidades de contrarrestar las causas del desplazamiento.
La urgencia de una Ley
En ese contexto desde el Instituto de la Propiedad, se busca crear una ley que atienda específicamente las denuncias de las personas desplazadas, ya que es un tema que ha estado descuidado y que viene causando mucho daño en el país. Hasta hoy no se sabe qué hacer con los bienes abandonados a causa de la violencia.
Juan Carlos Mejía Coto, superintendente de la entidad registral, asegura que las cifras son preocupantes y alarmantes, ya que superan el cuarto de millón de personas afectadas, por eso es que urge la implementación de mecanismos de protección en todos los sentidos.
Además, – dijo, -se está trabajando en la discusión del manual de criterios registrarles que busca estandarizar el trabajo de calificación registral, para que el examen de la legalidad de documentos sea verídico. Se está haciendo una analogía de las herramientas que se han puesto en marcha en Colombia, ya que es un país que está a la vanguardia en este tema.
Eso indica que se tienen que romper los esquemas tradicionales de las instituciones jurídicas civiles, para que las personas que tienen la necesidad de abandonar su vivienda puedan presentar la denuncia en plena confianza, en ese sentido las instituciones del Estado resguardan la casa y evitan que sea utilizada de manera fraudulenta.
La criminalidad organizada
Un funcionario de la Fuerza Nacional Anti-Maras y Pandillas admitió que hay diferentes formas en que las maras y pandillas obligaron a familias enteras a desplazarse, producto de su agresión y su poderío. “Los grupos criminales elegían una zona, se instalaban y mandaban a decir a los pobladores que ahora un determinado lugar les pertenecía”.
El agente no precisó datos de cuantas personas habrían sido afectadas, porque la gente tiene temor de denunciar este tipo de represalias, pero mencionó que algunos sectores de la capital “eran manejados por las pandillas; por ejemplo, el Valle de Amarateca, ahí ni siquiera se podría realizar un proyecto para la comunidad, pero tras la intervención de la FNAMP se logró debilitar el poderío criminal y el sector esta neutralizado”.
Siempre en capital, en la Villeda Morales, cinco colonias eran amenazadas por la Pandilla 18, los actos criminales eran demasiado altos en la zona, “ahora se han desarrollado algunas acciones de las fuerzas del orden y se han tenido avances importantes, no se ha logrado el control pleno, pero hacia eso vamos, la pandilla fue desarticulada y ahora se trabaja para evitar que se logren reorganizar”, apuntó.
Persecución y sus aliados
Destacó que en San Pedro Sula también hubo grupo que se sentían amos y señores de la zona.
La FNAMP atendió más de 2 mil 100 denuncias, unas mil 800 capturas, en las que se logró en un 93% el auto de formal procesamiento con detención judicial “todas estas personas estaban relacionadas estructuras criminales dedicadas al sicariato, extorsión y pandillas. Los resultados pueden ser mejores si la población nos apoya con la denuncia”.
Finalmente, aseguró que las maras y pandillas, se volvieron grupos atractivos para los jóvenes, quienes voluntariamente buscan hacer méritos, filtrando información para poder ser parte, con el tiempo logran incorporarse, ya no hay necesidad de que ellos los recluten, ahora tienen diferentes formas para operar y eso les genera algún tipo de aliados que les ayudan a evadir la justicia.
