Managua – Un diputado del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua propuso cancelar la personalidad jurídica de seis ONG, entre estas dos feministas y una defensora de derechos humanos, informaron este sábado las organizaciones afectadas.
El diputado sandinista, Filiberto Rodríguez, planteó cancelar la personalidad jurídica de las organizaciones ante el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, un dirigente del FSLN, con el argumento de que no reportan sus estados financieros, tienen juntas directivas con plazo vencido, y recibieron donaciones del exterior, según la información disponible.
En la lista de organizaciones a ser ilegalizadas está la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra, la Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Aráuz (Fundemuni), así como de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
También está el Centro Nicaragüense para la Promoción de la Juventud y la Infancia, la Fundación Iberoamericana de las Culturas (Fibras), y la Asociación PEN Internacional Nicaragua.
La Asociación PEN había anunciado su cese el año pasado, cuando entró en vigor la Ley de Agentes Extranjeros que sanciona financiamientos y donaciones del exterior salvo excepciones.
El “María Elena Cuadra” es un conocido movimiento que defiende los derechos de las mujeres. Su directora, Sandra Ramos, refutó al presidente Daniel Ortega el bienestar económico de Nicaragua en 2018, durante el diálogo nacional para sacar al país de la crisis sociopolítica, que fracasó.
El movimiento feminista despachó este sábado de manera normal, confirmó a Efe sin más comentarios Ramos.
La ANPDH, fundada por el obispo retirado Juan Abelardo Mata, un conocido crítico de Ortega, jugó un papel fundamental en la asistencia humanitaria a las víctimas de los ataques armados contra las manifestaciones antigubernamentales de 2018, que dejaron cientos de muertos y de heridos, además de miles en el exilio, entre ellos su presidente, Álvaro Leiva.
Si la Asamblea Nacional decide cancelar la personalidad jurídica de estas seis organizaciones, el total de ONGs ilegalizadas en Nicaragua ascendería a 93.
Los representantes de la mayoría de estas organizaciones han rechazado las decisiones del Parlamento nicaragüense, dominado por los sandinistas, y algunos de ellos, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), han calificado las mismas como “venganza política”, tras las manifestaciones antigubernamentales de 2018.
