San Salvador – En El Salvador, «lastimosamente», «no hay garantías para ejercer derechos humanos» porque «la institucionalidad no lo permite» y «el Estado se ha encargado también de ser el que violenta derechos», dijo en una entrevista con EFE Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).
El Idhuca es el principal ente de derechos humanos en El Salvador, creado en 1985 para «contribuir a que se garantice el respeto a los derechos humanos, a través del uso de las instituciones estatales por parte de las personas y los grupos que buscan soluciones justas a sus problemas».
En los últimos años, el Idhuca ha señalado una serie de violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado y ha sido crítico de algunas de las acciones del presidente Nayib Bukele, como la implementación de un régimen de excepción para «combatir» a las pandillas.
DERECHOS HUMANOS, «ALGO SECUNDARIO»
Santos, recientemente nombrada directora del Idhuca y además investigadora y docente, señaló que «actualmente estamos viviendo distintos elementos que afectan directamente los derechos humanos, que a veces parece ser que son algo secundario pero que en realidad es lo más primordial que tenemos como persona y no se están respetando en su integralidad».
«Los derechos humanos no están siendo correctamente garantizados y respetados y eso es un problema. El ejercicio autoritario del poder, sin tener en cuenta las mismas limitantes que pone la Constitución, es un problema para los derechos humanos», apuntó.
La investigadora explicó que «los órganos del Estado no están trabajando para la protección de derechos humanos ni tener el origen y el fin de la persona humana como lo señala la Constitución».
Lo anterior, de acuerdo con Santos, se ejemplifica que «si no tenemos un ente que realmente proteja los derechos a través de la formulación de leyes y en última instancia no tenemos a un órgano que proteja en caso que se hayan vulnerado, en realidad y ese es problema actual, no hay garantías para ejercer derechos humanos en El Salvador».
«A veces pareciera ser que los derechos humanos son un estorbo y las personas defensoras de derechos humanos son un estorbo, porque se les asocia con pandilleros, o que protegen a pandilleros o financian a pandilleros», indicó.
Aseguró que «el Estado se ha encargado también de ser el que violenta derechos».
«Si un Estado es incapaz de seguir las reglas de juego, el marco jurídico en el que debe actuar, ¿qué podemos esperar?. Si no hay un respeto a la Constitución, si no hay un respeto a las normas, a la ciudadanía, ¿qué queda?», acotó.
CORRUPCIÓN, «RELACIÓN DIRECTA» CON DDHH
Santos señaló que estándares internacionales de protección de derechos humanos han señalado la «relación directa que hay de la corrupción con los derechos humanos, porque se trata de recursos que no están correctamente utilizados para lo que deberían, para garantizar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que no se están respetando, ni garantizando, mucho menos promoviendo».
«Algo que ha sido histórico en nuestro país y no es la excepción actualmente es la corrupción (…) lastimosamente vemos que en la actualidad no hay protección efectiva hacia los derechos, porque la institucionalidad no lo permite», subrayó.
Uno de los principales pilares de campaña electoral del presidente Bukele era combatir la corrupción. No obstante, diversas investigaciones periodísticas han revelado supuestos actos de corrupción cometidos por funcionarios del mandatario.
«Los derechos humanos no son obstáculo, es una garantía de respeto para todos, de convivencia y frente al Estado es un blindaje que tenemos y si no tenemos eso realmente estamos en una situación muy grave», enfatizó la docente.
RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN, «NO ES BUENO»
Para la directora del Idhuca, existe una «manipulación del discurso» para justificar el régimen de excepción que actualmente se implementa en el país porque, a su juicio, «se nos hace creer que el régimen de excepción es algo bueno y estamos hablando de suspensión de derechos humanos, o sea actualmente tenemos derechos suspendidos y eso no es bueno en ningún sentido, ni es algo que debamos aplaudir».
«¿Qué es lo que nos hacen creer?, que el régimen de excepción es necesario para mantener controlada una situación, pero para eso están, en teoría, todas las políticas públicas y en nuestro caso el Plan del Control Territorial», dijo.
Las organizaciones humanitarias y la oficina del ombudsman han recibido más de 6.500 denuncias de atropellos de los derechos humanos bajo este régimen de excepción. Mientras, las autoridades reportan la captura de más de 55.000 supuestos pandilleros.
El Gobierno atribuye la reducción de homicidios a su plan Control Territorial y a la medida de régimen de excepción, implementado en El Salvador desde finales de marzo para «combatir» a las pandillas en una «guerra» contra estas estructuras, según la ha llamado Bukele.
El Ejecutivo de Bukele lanzó en 2019 el Plan Control Territorial (PCT) para cortar las fuentes de financiamiento de las maras y retomar las zonas controladas por dichas bandas, en su mayoría barrios y colonias populosas.
Sin embargo, la población en general desconoce un documento oficial que detalle el camino para atender desde el Estado el fenómeno de las pandillas.
