Castries – Los países caribeños de Dominica y Antigua y Barbuda aceptarán refugiados de terceros países deportados por Estados Unidos y que no puedan regresar a sus estados de origen.
Este acuerdo llega tres semanas después de que Washington impusiera restricciones parciales de viaje a los nacionales de ambos países caribeños, una medida que suspendió pocos días después tras negociaciones bilaterales.
El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, anunció este lunes que en las conversaciones con el Departamento de Estado de EE.UU. se ha solicitado “evitar recibir a personas violentas o que comprometan la seguridad de Dominica”.
Skerrit dijo que, dada la importancia de las relaciones bilaterales entre EE.UU. y Dominica, él cree que es “importante encontrar puntos clave de acuerdo y compromiso entre ambos países”.
“Este compromiso se basa en nuestra responsabilidad de salvaguardar el bienestar de nuestra gente, en particular su acceso a viajes legales, educación, empleo y conexiones familiares, a la vez que fortalecemos la cooperación entre nuestros gobiernos”, subrayó, aludiendo al problema de los visados.
“Creo que esto profundizará aún más nuestra relación de larga data y demostrará claramente que Dominica sigue siendo un socio confiable de EE. UU. en la región”, agregó.
Al ser preguntado por los países de origen de los migrantes que llegarán a Dominica, Skerrit respondió que “hay detalles” que no puede compartir en este momento.
En tanto, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, informó que aceptó acoger una decena de migrantes “sin antecedentes penales”.
“Este es un acuerdo de buena voluntad en el que mantendremos plena discreción para aceptar o rechazar a cualquier persona recomendada”, dijo Browne, quien indicó que EE.UU. se ha comprometido a proporcionar datos biométricos y cualquier información sobre conducta delictiva.
El primer ministro de Antigua y Barbuda rechazó las acusaciones del principal partido de oposición, el Partido Progresista Unido (UPP), de que el país había firmado un acuerdo secreto con EE.UU. para aceptar un gran número de deportados.
“Los propagandistas del UPP han acusado a mi Gobierno de firmar un acuerdo secreto para aceptar a más de 100.000 deportados criminales de Estados Unidos. Se trata de una maniobra política ruin, plagada de mentiras y desinformación”, denunció.
La orden ejecutiva del pasado diciembre del presidente estadounidense, Donald Trump, incluyó inicialmente a estos dos países caribeños en las restricciones de viaje por su programa de Ciudadanía por Inversión (CBI, en inglés) que, según Washington, no requiere residencia, lo que dificulta verificar antecedentes.
Sin embargo, Antigua y Barbuda y Dominica defendieron que habían hecho cambios en este programa y que habían mantenido conversaciones con Washington para adecuarlo a sus requerimientos.
