Nueva York/Los Ángeles – Dos jueces federales emitieron este viernes sendas órdenes de ámbito nacional para evitar la entrada en vigor el próximo 15 de octubre de la polémica regla del Gobierno de Donald Trump sobre la «carga pública», que causaría la inadmisibilidad en Estados Unidos de nuevos inmigrantes con bajos recursos.
Estos jueces se han convertido este viernes en los primeros del país en bloquear la medida, que pretendía facilitar al Gobierno federal negar el estatus de residente legal a los inmigrantes pobres que reciben ayuda social de la Administración estadounidense.
La polémica norma hace inelegibles a la residencia permanente a los inmigrantes que las autoridades consideren que se han convertido en una «carga pública» para el país al beneficiarse de ayudas públicas como cupones de alimentos, atención médica gratuita o ayuda en efectivo, entre otros.
El magistrado del distrito Sur de Nueva York George B. Daniels decretó que la regla no se puede implementar en todo el país tras una demanda presentada por los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont y la ciudad de Nueva York, que alega que la política perjudica específicamente a inmigrantes de minorías raciales.
Tal como ha informado la fiscal del estado de Nueva York, Letitia James, con este «bloqueo» se ha permitido frenar una regla que habría tenido «efectos devastadores en los neoyorquinos y en nuestra nación, y la decisión de hoy es un paso crítico en nuestros esfuerzos por defender el estado de derecho».
«El equilibrio de las acciones y los intereses de la justicia favorecen la emisión de una orden judicial preliminar», escribió el juez en su auto.
La regla de «carga pública», que estaba programada para entrar en vigencia el próximo martes, establecía nuevos estándares para determinar quién podría convertirse en una carga para el erario público e impedía obtener la residencia permanente en el país a personas con bajos recursos.
La orden del juez Daniels se produjo pocos días después de que el presidente Donald Trump también se moviera para negar las visas de inmigrantes a aquellos que no pueden probar que tendrán seguro médico o que pueden pagar su propia atención médica.
La regulación de la carga pública separada que fue objeto de la última orden judicial había sido condenada rotundamente por grupos de defensa de inmigrantes y sectores médicos, que argumentaban que la regla desanimaría a los inmigrantes a buscar ayuda del Gobierno cuando puedan necesitar ayuda para comprar alimentos o ver a un médico.
La nueva normas hubiera afectado directamente a cerca de 1,2 millones de solicitantes anuales, incluyendo alrededor de 500.000 que ya están en el país.
La regla generó una serie de demandas alrededor del país, que en el caso de California argumentan que la norma viola la garantía de protección igualitaria de la Quinta Enmienda de la Constitución, ya que afecta en forma desproporcionada la obtención de la residencia permanente y la ciudadanía a inmigrantes no blancos.
El juez del Tribunal de Distrito para el Norte de California Phyllis J. Hamilton falló también a favor de la petición hecha por un conjunto de demandantes que incluyen al Estado Dorado, Maine, Oregon Pensilvania, el Distrito de Columbia, la ciudad de San Francisco y la Clínica de la Raza, en la que pedían una orden para detener la implementación de la nueva norma.
«Los condados y los estados han demostrado una probabilidad de daño irreparable basado en su pérdida de fondos… Esos daños se derivan directamente de la cancelación de la inscripción de individuos que buscan atención médica en sus jurisdicciones, y inscribirse en ciertos otros beneficios públicos en sus jurisdicciones (por ejemplo, almuerzo escolar programas)», explicó.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, aplaudió la decisión del juez de San Francisco y aseguro que «el fallo de la corte de hoy detiene el intento despiadado de la Administración Trump de convertir en arma los programas esenciales de salud, vivienda y nutrición».
«Este fallo es una victoria para las comunidades de California que merecen prosperar, no vivir con miedo. Esperamos continuar la lucha contra esta regla ilegal. La Administración Trump debería aprender que nadie está por encima de la ley «, agregó el procurador en un comunicado
