Barcelona (España).- Dos de los políticos independentistas catalanes en prisión preventiva iniciaron hoy una huelga de hambre «indefinida» para denunciar lo que consideran el «bloqueo» del Tribunal Constitucional español a sus recursos, que impide «acceder a la Justicia europea», explicaron hoy a través del abogado de ambos.
Se trata de los diputados de JxCat Jordi Sánchez, antiguo presidente de la organización proindependentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Jordi Turull, exconsejero de Presidencia en el último gobierno de Carles Puigdemont.
Tanto Sánchez, en prisión desde octubre de 2017, como Turull, encarcelado desde marzo de 2018, están procesados por un presunto delito de rebelión en la causa que lleva el Tribunal Supremo tras el proceso secesionista de Cataluña del pasado año, que llevó a una ilegal declaración de independencia.
«Denunciamos el bloqueo a la justicia europea que el Tribunal Constitucional nos impone. Y lo hacemos con toda la fuerza y dignidad de una acción amparada en la no violencia, una de las pocas protestas legítimas que el hecho de estar encarcelados nos permite: la huelga de hambre», señalan Sánchez y Turull en un comunicado que presentaron hoy en rueda de prensa a través del abogado de ambos.
Los independentistas presos quieren denunciar su situación y exigir al Tribunal Constitucional que conteste a sus recursos, con el fin de que, si son desestimados, puedan acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Según los dos políticos independentistas encarcelados, dicho «bloqueo» del Constitucional radica en que el Alto Tribunal admitió a trámite «el cien por cien» de sus escritos de amparo, hasta ocho, para posteriormente «no resolver ninguno» de ellos, una «demora injustificada» y un «bloqueo de facto» que les impide, insisten, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Esta huelga de hambre, que los dos comunicaron también a la dirección de la cárcel, es el inicio de una serie de protestas de los independentistas presos con el objetivo de mantener e incrementar la presencia internacional de sus reivindicaciones, según explicó también la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie.
Tras conocer el comienzo de esta huelga, las vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, afirmó que en España todos son iguales ante la ley y que cuentan «con las garantías de la Justicia y de un Estado de derecho».
Calvo puntualizó que el Ejecutivo «no toma ninguna decisión al respecto» porque los reclusos catalanes están «en el ámbito de otro poder que es el judicial».
