Tegucigalpa- El economista Julio Raudales señaló que la decisión del gobierno de reducir algunas instituciones del Estado debe evaluarse con cautela, ya que su impacto real en la eficiencia administrativa y en las finanzas públicas solo podrá medirse cuando se apruebe el presupuesto y se observen los resultados concretos.
Raudales recordó que, tras la crisis política derivada del golpe de Estado en Honduras de 2009, el aparato estatal era considerablemente más pequeño.
“En el año 2010, después de la crisis política de 2009, había en el país alrededor de 90 instituciones y ahora son 112. Si se reducen cinco, prácticamente quedaríamos en una posición muy similar”, explicó.
El economista indicó que desde el inicio del actual gobierno se observó que el presidente juramentó la mayoría de cargos que existían en la administración anterior, incluso algunos de “ornamento”.
Se había hablado de eliminar por lo menos 20 instituciones, pero eso solo se podrá evaluar al final, cuando se apruebe el presupuesto y se vea si realmente se traduce en una mejor prestación de los servicios públicos, añadió.
Debate por reorganización del Estado
La decisión del Ejecutivo de suspender o fusionar varias dependencias estatales ha generado debate entre analistas y sectores económicos, especialmente sobre si estas medidas reducirán el gasto público o solo implicarán cambios administrativos.
La medida se enmarca en la aprobación de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, decreto que autoriza al Poder Ejecutivo a realizar procesos de supresión, fusión o reducción de instituciones de la administración pública descentralizada y desconcentrada.
La normativa también permite disminuciones de personal por razones presupuestarias, tanto de empleados con acuerdo de nombramiento como por contrato, con el pago de las respectivas indemnizaciones.
No obstante, analistas han advertido que el éxito de la medida dependerá de que la reorganización realmente mejore la prestación de servicios públicos y que las plazas eliminadas no sean reemplazadas posteriormente por activistas políticos, lo que restaría impacto a la reducción del aparato estatal.
