Washington.– La Casa Blanca ha acogido una reunión con representantes de EEUU y de otros 18 países del continente americano para comenzar a aplicar los acuerdos migratorios alcanzados durante la Cumbre de las Américas, celebrada en junio pasado en Los Ángeles (EEUU).
El Gobierno estadounidense informó este martes de la reunión, pese a que el encuentro se celebró ayer en la mansión presidencial.
En un comunicado, EEUU precisó que a ella acudieron Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Joe Biden, y Liz Sherwood-Randall, también asesora de seguridad nacional.
La nota de la Casa Blanca no indicó los nombres del resto de asistentes pero afirmó que hubo representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Panamá, entre otros países.
Según EEUU, los responsables reunidos insistieron en los «compromisos de sus Gobiernos» con los principios de la Declaración de Los Ángeles, el pacto migratorio acordado durante la pasada Cumbre de las Américas, y con el lanzamiento de un plan compartido para «progresar en la respuesta regional al manejo de la migración».
Durante sus intervenciones, Sullivan y Sherwood-Randall hicieron hincapié en que la migración irregular y los desplazamientos forzosos en el continente han «cambiado de forma dramática» en las últimas décadas, lo que requiere ahora de nuevas soluciones coordinadas a nivel regional.
El comunicado agrega que los Gobiernos participantes reiteraron su disposición a profundizar la cooperación en esta materia y a alinear sus políticas para reducir la migración irregular.
Veinte países de América, entre ellos EEUU, México, Brasil, Colombia y varias naciones centroamericanas, firmaron en junio durante la cumbre de Los Ángeles una declaración en la que se comprometieron a abrir vías para acoger a refugiados, pero también a deportar a quienes no cumplan con los requisitos de asilo.
La IX Cumbre de las Américas, sin embargo, estuvo marcada por la decisión del país anfitrión, Estados Unidos, de excluir a los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, países emisores de migrantes, porque no los considera democráticos.
