Washington – El Gobierno firmó este viernes un acuerdo de cooperación con El Salvador en materia de inmigración para limitar el flujo de indocumentados a su territorio, después de los pactos migratorios alcanzados con México y Guatemala.
El secretario en funciones de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, indicó en una conferencia de prensa junto a la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, que se trata de un «acuerdo de cooperación en asilo».
El funcionario aclaró que el «núcleo» del documento es «reconocer el desarrollo de un sistema de asilo de El Salvador» y apoyarlo a «construir esa capacidad».
McAleenan apuntó, sin aludir el concepto de «tercer país seguro», que el acuerdo puede llegar a usarse para que los migrantes irregulares de camino a Estados Unidos busquen protección en El Salvador, aunque admitió que esta sería una «parte más amplia» del trabajo conjunto para «abordar los flujos migratorios en la región».
La ministra salvadoreña destacó, por su parte, que el Gobierno del presidente Nayib Bukele, quien ya completa 108 días en el cargo, trabaja en dos asuntos concretos: incrementar la seguridad individual y colectiva, y atraer negocios e inversiones a su país, como manera de evitar la migración.
«La migración irregular ha sido un problema para El Salvador por más de 30 años y ahora ha alcanzado niveles en donde es extremadamente importante que ambos, EE.UU. y El Salvador, atiendan este asunto conjuntamente», aseguró Hill, quien explicó que con el documento suscrito se centrarán en diferentes áreas.
Previamente, Hill había anticipado que se trataba de «un acuerdo marco para poder trabajar en estrecha colaboración y cooperación en los diferentes temas» que les atañen.
«Son todas medidas para tratar de minimizar y tratar de garantizar la protección de todas esas personas que se ven forzadas a migrar irregularmente hacia los EE.UU.», dijo previamente la canciller salvadoreña durante un acto en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.
El diario The Washington Post informó, citando a funcionarios gubernamentales, que el pacto permitiría enviar al país centroamericano a los demandantes de asilo que lleguen a la frontera para que pidan ese amparo desde allí.
Los funcionarios con los que habló el Post describen el arreglo como un «acuerdo de cooperación de asilo» e insistieron en que no consiste en un pacto «de tercer país seguro».
El periódico señaló que el término «tercer país seguro» está estigmatizado en Centroamérica, ya que es complicado considerar a Estados del Triángulo Norte, como El Salvador, Honduras y Guatemala, como lugares seguros dado que tienen algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo.
Como consecuencia del acuerdo alcanzado, demandantes de asilo de Nicaragua, Cuba y de otras naciones que atraviesan el territorio salvadoreño en su periplo hacia el país serían devueltos a El Salvador, dijeron las fuentes de The Washington Post.
Dentro de ese plan, EE.UU. ayudaría a construir un sistema de asilo en El Salvador y en otros países de la región y buscaría financiar este esfuerzo a través de las agencias de la ONU que atienden a refugiados.
Este pacto es similar al logrado con Guatemala que todavía no se ha aplicado.
Esos dos países firmaron el pasado 26 de julio un acuerdo de cooperación de asilo que obliga a los migrantes salvadoreños y hondureños que atraviesan Guatemala a pedir dicha protección allí, en vez de en territorio estadounidense.
A inicios de junio, el país y México llegaron a un acuerdo migratorio que evitó que el presidente, Donald Trump, impusiera aranceles a todos los productos mexicanos y por el que las autoridades mexicanas enviaron a las fronteras norte y sur a la Guardia Nacional -un nuevo cuerpo de seguridad impulsado por el Ejecutivo- y contrató a más personal migratorio.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha negado en reiteradas ocasiones que México se vaya a convertir en un «un tercer país seguro», igual que Honduras, pero este último sí que ha reconocido, sin dar detalles de los términos, que estaba negociando un convenio bilateral con Estados Unidos pero «completamente diferente» al que firmó Guatemala.
Consultada sobre el amparo migratorio Estatus de Protección Temporal para los Salvadoreños (TPS), Hill indicó que están intentando «encontrar alternativas» para los beneficiados por este programa temporal que ha permitido a alrededor de 200.000 salvadoreños permanecer en el país.