Tegucigalpa – Mientras Honduras, considerada una de las naciones más pobres de Latinoamérica, anuncia que revisará las exoneraciones y exenciones fiscales otorgadas a las empresas, lo que genera temor por su impacto en el empleo, la mayor potencia económica del mundo, Estados Unidos, lanzó un gigantesco plan de incentivos fiscales por más de 400 mil millones de dólares para atraer a las innovadoras empresas europeas y de otras partes del mundo para que se instalen en su territorio y así generar más puestos de trabajo y mejor tecnología.
-Todavía se desconocen los detalles de la iniciativa hondureña y el impacto fiscal y de empleo que tendrá.
-EE UU busca captar inversiones en la industria verde, por lo que ofrece un catálogo de beneficios fiscales a las empresas que se muden a su territorio a ensamblar productos limpios o ecológicos.
El doble enfoque para asumir los problemas de empleo y de ingresos fiscales entre el país más rico y uno de los más pobres muestra porque avanzan unas naciones y otras se quedan rezagadas y apostando casi a ser indigente en el concierto mundial.
Exoneraciones
En su discurso por el primer año de gobierno, la presidenta Xiomara Castro anunció que enviará al Congreso Nacional un proyecto de Ley Reforma de Justicia Tributaria, donde no impondrá nuevos impuestos, pero si revisará las exoneraciones e incentivos dados a las empresas y que de acuerdo al gobierno le significan al Estado 60 mil millones de lempiras de sacrificio fiscal.
La mandataria criticó que, tras décadas de otorgar estas exoneraciones, la pobreza no se ha erradicado y los hondureños siguen siendo pobres.
En ese sentido, apostó porque su proyecto de Reforma de Justicia Tributaria sea eficaz y ayude a su administración a resolver mucho de la inequidad.
Tras el anuncio, un coro de funcionarios públicos salió en defensa de la iniciativa para indicar que es lo más justo y lo más adecuado para combatir la pobreza y la inequidad en la nación.
La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, ejemplifica la iniciativa en cuanto a que quienes más ganen deben pagar más y recetó una serie de datos que acompañan a la iniciativa gubernamental que enviarán al Congreso Nacional.
De manera que Honduras apostará en su estrategia a reducir o eliminar las exoneraciones con la finalidad que parte de los 60 mil millones de lempiras que reciben las empresas u organizaciones civiles como incentivos sean devueltas al Estado, y así el tesoro nacional tenga más recursos para financiar programas variados.
El gobierno no ha especificado los puntos de la reforma tributaria y se centran en indicar que las exoneraciones han sido mal utilizadas por las empresas y que la población no ha recibido los beneficios que justifiquen los 60 mil millones de lempiras en incentivos.
Igualmente, el gobierno no ha explicado si al revisar las exoneraciones incluirá en las mismas los alimentos y medicinas, exentos del pago del impuesto sobre ventas por parte de los consumidores.
Economistas y el sector privado han señalado que el mensaje del gobierno es el mismo de administraciones anteriores, que siempre hablan del sacrificio fiscal pero que lanzan las iniciativas sin discutir cuál será su impacto.
Señalaron que sería otro mensaje de inestabilidad para el clima de negocios del país y que alejaría más a los inversionistas de Honduras.
Igualmente preocupa por el impacto que puede tener en el empleo, en un país que ya el año pasado perdió decenas de miles de puestos de trabajo en el sector privado, de acuerdo a cifras oficiales.
EEUU incentiva y desata temor en Europa
En contraste, Washington lanzó recientemente la denominada Ley de Reducción a la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) en el marco de una línea de apoyo al ambiente y de lucha al cambio climático, pero que sus detractores en la Unión Europea la denominan simplemente un programa de robo de empleos, empresas y al final busca desindustrializar Europa.
El Servicio Interno de Rentas (ISR, por sus siglas en inglés) anunció a los contribuyentes estadounidenses que la referida ley cubre leyes tributarias nuevas que permiten a individuos y empresas una serie de créditos y deducciones de impuestos, especialmente para vehículos limpios.
La misma ofrece incentivos de 430 mil millones de dólares a empresas que se instalen en Estados Unidos u otras naciones de Norteamérica, pero que ocupen suministros estadounidenses, en empresas que tengan impacto en el ambiente y cambio climático.
Lo anterior significa que las empresas europeas y asiáticas que decidan instalarse en suelo estadounidense para fabricar autos eléctricos y otros bienes utilizando tecnologías verdes recibirán créditos.
Alemania y Francia han salido a denunciar la iniciativa estadounidense, señalando que se llevarán sus empresas a suelo norteamericano y con ello los empleos calificados que se encuentran en suelo europeo.
En un artículo en el blog de Finanzas y Desarrollo en la página web del Fondo Monetario Internacional (FMI), Jason Bordoff, explica que para acceder a los subsidios la nueva ley estadounidense se “exige que los vehículos eléctricos se ensamblen en América del Norte y que las baterías que contienen se fabriquen con componentes extraídos o procesados en Estados Unidos o en sus socios en tratados de libre comercio. O que se otorguen mayores subsidios a la energía renovable si los proyectos utilizan materiales como el acero o el hierro procedentes de fabricantes nacionales. O que sus subsidios masivos destinados al hidrógeno y al amoníaco fabricados usando electricidad renovable (denominado, hidrógeno verde) reduzcan el costo de entrega de dichos combustibles verdes exportados por debajo del costo de los competidores en Oriente Medio y Asia”.
Las medidas fortalecen las industrias nacionales “y a aumentar la influencia de Estados Unidos sobre las cadenas de suministro, dichas medidas también podrían alienar a los aliados y provocar una reacción. Por ejemplo, la Unión Europea y Corea del Sur ya han expresado que podrían objetar las restricciones a los vehículos eléctricos”, advierte Bardoff, quien teme una reacción de las naciones europeas y asiáticas afectadas.
Mal momento
El problema de la implementación de la iniciativa norteamericana es que llegó en un mal momento para los europeos, ya que fue cuando se desató la guerra en Ucrania, lo que llevó a la coalición occidental encabezada por Estados Unidos y seguido por las naciones del viejo continente a aplicar sanciones a Moscú, pero muchas significaron pegarse un tiro en el pie, especialmente el petróleo y gas ruso.
Europa dependía del gas ruso para tener energía barata y con ello sus industrias compitieran en el mercado internacional, pero las sanciones elevaron el precio del petróleo y gas, ahora enfrentan el desafío de no tener acceso a dichos recursos.
Estados Unidos se ha convertido en el principal abastecedor de petróleo y gas a futuro para Europa, pero como el gas es licuado y no natural deben ser despachados en buques, lo que ha elevado el precio de dicha materia en un 40%.
Justamente ese precio elevado ha llevado a muchas empresas europeas a buscar mudarse a Estados Unidos, ya que además del subsidio fiscal, no deberán hacer frente a la energía cara europea producto del sobreprecio que pagan los norteamericanos.
La Unión Europea señala que hace frente a la inflación provocada por los altos precios de la energía y los alimentos, la ayuda militar a Ucrania y ahora debe defenderse de Estados Unidos en cuanto al tema de sus industrias y sus valiosos puestos de trabajo calificados.
Los europeos han amenazado con tomar represalias, aunque el ministro francés de Economía, Bruno La Maire, ha indicado que ellos también podrían adoptar una ley IRA.
Los próximos meses se conocerá si Europa opta por imponer medidas proteccionistas o adoptar su propia ley IRA, mientras en Honduras también se mantiene la incertidumbre en torno a lo que contendrá la Ley de Reforma de Justicia Tributaria, ya que hasta el momento los mensajes son confusos en el entramado gubernamental, aunque todos salieron al unísono a impulsar y defender la iniciativa de la gobernante Castro.
