Tegucigalpa – Un informe presentado por el Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) alerta que 13 de los 18 departamentos (72.22%) las personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en Honduras y demandó mayor atención de las autoridades del país.

La población más vulnerable es la niñez a este fenómeno, subrayó la comisionada de derechos humanos, Blanca Izaguirre, pues en los últimos 3 años más de 160 mil menores fueron víctimas y responsabiliza de ese ilícito a las maras y pandillas.

Y es que el informe de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del Conadeh, revela datos que marcan el aumento del flagelo y por ende demanda del Poder Legislativo discutir y aprobar la Ley para la Prevención, Atención y Protección de Personas Desplazadas Internamente.

Entre el 2019 y el 2021, el CONADEH atendió 2,775 casos de desplazamiento forzado o en riesgo de desplazamiento que afectó a unas 6,675 personas, de las cuales, 1,162, que representan el 17%, forman parte de la niñez hondureña.

Es de resaltar que 13 de los 18 departamentos del país fueron escenario de niños desplazados o en riesgo de desplazamiento. En el departamento de Francisco Morazán la UDFI atendió 295 casos que representan el (52%), Choluteca (75, 13%), Cortés (72, 13%) y Atlántida (43, 8%).

La población menor desplazada fueron víctimas de amenazas en un 58% de los casos, en un 13% porque miembros de su familia fueron asesinados, en un 11% porque fueron víctimas de extorsión, un 5% por temor a ser cooptados por las maras, igual porcentaje por tentativas de homicidio, otros por violencia doméstica y por el despojo de la vivienda donde residían.

De acuerdo al seguimiento brindado a las quejas, por parte de la UDFI, en el 69% de los casos de menores y adolescentes víctimas o en riesgo de desplazamiento, el principal responsable son las maras y pandillas, en un 22% el agresor es desconocido, en un 5% por bandas criminales y en apenas un 4% son personas conocidas.

Solo en el 2021, la UDFI atendió 568 casos de infantes y adolescentes desplazados o en riesgo de desplazamiento, de los cuales, en el 70% de los casos son menores de 12 años, un 17% entre 13 y 18 años y un 13% en el que no se registró su edad.