Washington – El aborto y los derechos de la población LGTBI dividieron a las organizaciones de sociedad civil durante en la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que arrancó este miércoles en Washington.
En medio de aplausos, decenas de activistas conservadores expresaron su preocupación por el «avance» en la región de lo que llaman «ideología de género» y pidieron que se respetara la vida «desde la concepción».
«Se deben garantizar y salvaguardar los derechos humanos que son inalienables y que comienzan con el derecho a la vida», dijo Omayra Álvarez, activista antiaborto de República Dominicana, durante una sesión donde intervinieron las organizaciones de sociedad civil invitadas a la Asamblea General.
Tanto Álvarez como otros activistas criticaron duramente a la OEA, por haber presuntamente limitado el espacio que las organizaciones.
«Me encuentro aquí bajo protesta, por la falta de previsión que impidió el acceso y le negó la entrada a estas instalaciones» a otros representantes de ONG de la región, señaló Amalia Villareal, activista mexicana de la organización Brazos y Lazos.
Villareal insistió, además, en que el debate en torno a temas de género y de derechos reproductivos en la región se ha visto «coaccionado» bajo una «estigmatización de discursos de odio y homofobia» que “en muchos casos no existe.
En contraste con la visión de estas organizaciones, activistas en defensa de las personas LGTBI y a favor del acceso al aborto pidieron que se respetaran los derechos reproductivos y humanos en la región.
María Teresa Blandón, activista y feminista nicaragüense, recordó el emblemático caso Beatriz, una joven salvadoreña ya fallecida que en 2013 solicitó interrumpir su embarazo y se le impidió, y que está siendo estudiado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«El caso Beatriz constituye un claro ejemplo del impacto que la penalización del aborto tiene sobre la vida de las mujeres», dijo Blandón y señaló que “en los últimos años más de 80 mil niñas (…) sufren embarazos y partos como víctimas de violación”.
Por su parte, Suzanne Bridgewater, de la organización caribeña Coalición LGBTTT, denunció el ataque a las comunidades sexualmente diversas en la región.
«Estamos alarmados por el discurso de odio que se traduce en violencia contra los grupos LGTBI, debemos crear una espacio de apoyo y seguridad», expresó la activista.
Colombia fue el último país en la región en despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación, una práctica que continúa siendo ilegal en varios países, incluyendo El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana.
