Washington.- Janice, Carlos, Lisa y Wilson son solo cuatro de los casi 3.000 niños que fueron separados de sus padres en la frontera que separa EE.UU. y México como resultado de la política de «tolerancia cero» impulsada por el presidente Donald Trump, una estrategia que fue ejecutada de manera caótica.
La guatemalteca Janice, de 5 años, fue separada de su madre durante dos meses entre abril y junio, en los que a lo largo de 20 días la progenitora «no tenía ni idea» de donde estaba la pequeña, explicó hoy en una rueda de prensa telefónica la activista Jennifer Podkul, responsable del grupo Niños con Necesidad de Defensa (KIND, en inglés).
No sólo la madre de Janice desconocía la ubicación de su hija durante ese período, sino que hasta el propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) tuvo dificultades para localizarla.
Ese problema fue más común de lo deseado por la administración Trump, según un informe divulgado este martes por la Oficina del Inspector General del DHS, que determinó que EE.UU. «no estaba preparado» para la entrada en vigor de la polémica política de «tolerancia cero».
Entre otros hallazgos, el estudio reveló que el DHS nunca contó con una base de datos que controlase las identidades de los niños y de los padres separados, una herramienta que el Gobierno estadounidense aseguró que tenía.
Además, en algunas ocasiones, los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés) rechazaron reunificar a familias en su custodia porque «no querían hacer el papeleo requerido para readmitir a los adultos que ya habían sido procesados», denunció en la misma conferencia la asesora de la Comisión de Mujeres Refugiadas, Leah Chavla.
Finalmente, Janice y su madre fueron reunificadas después de que KIND pagase la fianza de la segunda, que huyó con su pequeña de la violencia de las bandas criminales en Guatemala para buscar un futuro mejor.
Menos suerte corrió el pequeño Wilson, de 3 años, que llegó al linde entre Estados Unidos y México con su padre desde Centroamérica, relató el médico Alan Shapiro, miembro de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, en sus siglas en inglés).
Varios días después de cruzar la frontera y ser detenido, el padre de Wilson fue deportado por las autoridades migratorias y el niño fue llevado al sistema de familias de acogida.
Tras un tiempo con una familia, Wilson fue enviado a un tío suyo, que resultó «no estar capacitado» para hacerse cargo de él y, tras varias semanas de confusión, terminó en casa de sus abuelos, que también residen en territorio estadounidense.
«Estas situaciones de idas y venidas, provocadas por el caos de la Administración, pueden causar daños severos en el desarrollo de los cerebros de los niños por el grave estrés que sufren», detalló Shapiro en la charla con periodistas.
El experto consideró, además, que este tipo de estrés «tóxico» puede causar efectos muy negativos en el largo plazo.
«Estamos muy preocupados por eso», indicó Shapiro, que también forma parte de un grupo especializado en la salud de los inmigrantes.
La política de «tolerancia cero» también hizo que el guatemalteco Carlos, de 9 años y con una discapacidad de aprendizaje «significativa», según Shapiro, fuese apartado de su madre.
«Su condición de retraso hizo que la separación de su madre fuese todavía más difícil para él», lamentó el experto, que criticó el modus operandi de las autoridades migratorias.
El desconcierto organizativo de la aplicación de esta controvertida política migratoria, reconocido ahora por el propio DHS, ha ocasionado que Lisa, de 7 años, se encuentre en un «estado traumático extremo» varios meses después de ser reunida con su madre.
Tres meses después del presunto fin de la política de «tolerancia cero», 254 niños que fueron separados de sus padres entre abril y junio siguen todavía bajo custodia de las autoridades porque sus progenitores fueron deportados a sus países de origen, incluyendo 16 menores de 5 años, de acuerdo a datos facilitados por KIND.
Estos datos y el desorden del Gobierno de Trump para encarar la crisis humanitaria que desató una de sus más polémicas directrices han encendido a activistas, profesionales de la salud y hasta la propia oficina de investigaciones internas del DHS.
