Washington – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este jueves a El Salvador a adoptar medidas «preventivas» a la problemática de las desapariciones forzadas, un delito que, según organizaciones de derechos humanos de ese país, ha sufrido un «considerable aumento».
«Siempre me preocupa que el Estado parece concentrarse muchísimo más en reaccionar, en las acciones reactivas, y no en las preventivas», declaró la relatora de la CIDH para El Salvador, Margarette May Macaulay.
La funcionaria se pronunció durante la audiencia «Desaparición forzada de personas en El Salvador» convocada dentro del 181 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, que comenzó este martes y se extenderá hasta el próximo 28 de octubre de forma virtual.
Macaulay pidió al país centroamericano información «específica y en detalle» sobre su trabajo para minimizar las desapariciones forzadas y advirtió que no basta con tener legislación en esta materia si no se reduce la ocurrencia del delito.
En la sesión, que congregó a representantes de organizaciones de la sociedad civil y del Estado, Macaulay pidió igualmente a las autoridades salvadoreñas que expliquen por qué no han podido reducir las desapariciones tal como pudieron hacerlo con el «delito gravísimo del homicidio».
El Salvador registra altas tasas de asesinatos atribuidos principalmente a las pandillas MS13 y Barrio 18, un fenómeno considerado una herencia de la guerra civil que ese país sufrió entre 1980 y 1992, que dejó 75.000 muertos y unos 8.000 desaparecidos.
Sobre las desapariciones, Zaira Navas, jefa jurídica en seguridad de Cristosal, una de las quince organizaciones que solicitaron la audiencia de la CIDH, admitió que no constituyen un «fenómeno nuevo» en ese país, pero sí alertó sobre su «considerable aumento».
En ese contexto, advirtió de que la información de la Policía, la Fiscalía, Medicina Legal y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos «difiere significativamente entre sí», lo que provoca que en ese país «no se conozca una cifra oficial de personas desparecidas».
No obstante, apuntó que la Policía Nacional Civil reportó en 2019 un total de 737 personas desaparecidas, mientras que en 2020, a pesar de la cuarentena de seis meses por la covid-19, la Fiscalía reportó 683 desaparecidos.
Hasta junio pasado, según la activista, la Fiscalía dio cuenta de 610 personas desaparecidas.
Mientras que hasta agosto pasado los medios de comunicación en ese país cifraron en 981 las desapariciones, lo que, según Navas, «significa que en promedio desaparecen 4,06 personas diarias en El Salvador».
Por su parte, Alvin Serrano, de la Fiscalía de El Salvador, destacó entre los avances de la legislación de ese país que se pueda solicitar la privación de libertad del o los posibles responsables cuando no se ha localizado el cuerpo de la víctima.
Con respecto a las cifras, puntualizó que entre el 1 de enero y el 13 de octubre pasado se han recibido 1.116 denuncias sobre la desaparición de 1.192 personas.
Un 51,6 % de esos casos, explicó Serrano, fueron resueltos al lograr ubicarse a las víctimas, un 3 % de ellas sin vida.
