Washington – El concejo municipal de la capital de Estados Unidos, Washington DC, votará el martes próximo sobre la versión final de un proyecto denominado Ley de Valores de Santuario que prohibirá la cooperación entre las agencias del Gobierno de la ciudad y las de la Administración federal en materia de inmigración.
El proyecto, que al parecer cuenta con un firme apoyo mayoritario en el concejo, tiene según algunos críticos una falla en el hecho de que no incluye protecciones para los inmigrantes en la Corte Superior del Distrito de Columbia, donde muchos indocumentados son transferidos por los alguaciles federales al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Según una resolución adjunta al proyecto de ley, «el ICE ha creado un ambiente inseguro y de temor para los inmigrantes que residen en el Distrito de Columbia», ya que los detenidos por infracciones comunes, como las de tránsito, o delitos menores son transferidos a las autoridades federales de inmigración y, en muchos casos, deportados.
El presidente Donald Trump ha denunciado en numerosas ocasiones a las ciudades en todo el país donde se han adoptado diversas formas de «santuario», una política por la cual las autoridades locales, y en especial la policía, no cooperan con las agencias federales de inmigración.
Según el presidente y los adversarios de los «santuarios», esa ausencia de cooperación contribuye al incremento de la criminalidad. Los defensores de los inmigrantes, por su lado, argumentan que las estadísticas muestran tasas de criminalidad más bajas entre los inmigrantes que entre la población en general.
Los promotores de la legislación señalan que la aplicación de las leyes de inmigración es competencia de las autoridades federales, no de la policía local, y que la colaboración entre ambas deteriora la relación entre la policía local y las comunidades a las que sirven y donde los inmigrantes temen pedir ayuda o cooperar en las investigaciones.
«Cuando el Distrito (de Columbia) coopera con el ICE se erosiona la confianza de la comunidad inmigrante en las agencias del Distrito y se compromete la seguridad pública», añade la resolución. «Menguan las probabilidades de que los inmigrantes busquen ayuda de las agencias del Distrito y, en especial, de la policía».
En noviembre de 2019, la alcaldesa Muriel Bowser promulgó una ley que limitaba la cooperación entre las agencias del Distrito y las autoridades federales de inmigración, y esa medida caducó el pasado 9 de octubre. La nueva legislación propuesta prohíbe todo tipo de cooperación.
