Madrid – El Congreso español rechazó este martes la toma en consideración de la propuesta del Gobierno que defendía reformar la ley de extranjería para establecer un reparto vinculante de menores migrantes no acompañados entre las regiones españolas y aliviar zonas tensionadas como las islas Canarias, en el Océano Atlántico.
Con 177 votos en contra, 171 a favor y 1 abstención, el intento de tramitar esta propuesta en la Cámara Baja fracasó al no contar finalmente con el apoyo ni de la oposición conservadora del PP ni de los independentistas de Junts.
Las negociaciones con ambas formaciones se prolongaron durante toda la jornada hasta la votación, pero finalmente no acabaron en acuerdo.
La propuesta partía de los grupos que forman parte del Gobierno de coalición en España -el socialista PSOE y la formación de izquierda Sumar- más el regionalista Coalición Canaria, con el objetivo de que sea obligatorio, no solo voluntario, que el resto de regiones reciba a los menores cuando se vean saturadas Canarias, Ceuta y Melilla.
Las islas Atlánticas de Canarias soportan la mayor parte de los inmigrantes llegados en embarcaciones precarias desde la costa noroeste de África, muchos de ellos menores, mientras que Ceuta y Melilla, ciudades españolas en el norte de África, son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en ese continente.
España recibió en la primera mitad del año más de 26.500 inmigrantes irregulares, casi el doble que el año pasado, de los que cerca del 75 por ciento llegaron a Canarias.
Los grupos que apoyaron la propuesta, principalmente de izquierda y de parte de los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, apelaron al drama humanitario y a la necesidad de aliviar a unos servicios de acogida sobrepasados en Canarias, frente a discursos racistas y xenófobos.
Durante el debate de esta mañana, los conservadores criticaron duramente la propuesta, tachándola de «nimia» y un «chantaje» a su formación y asegurando que, después de lo escuchado en el pleno por parte de los grupos promotores de la iniciativa, era «casi como de broma» que esperaran un sí por su parte.
De hecho, su diputada, Ana Alós, pidió al Gobierno que retirase la propuesta y convocase una Conferencia de Presidentes regionales de forma «inmediata» y un pleno monográfico para debatir tema de inmigración: «Pónganse de verdad a negociar si tienen voluntad para ello», señaló.
El Gobierno español y Coalición Canaria tampoco pudieron atar los apoyos con los socios de investidura debido a la negativa de los independentistas de Cataluña (norte de España) JxCat, que ya advirtieron esta mañana de su oposición a «seguir sobresaturando Cataluña y tensando la convivencia» de la región.
Estas eran las dos opciones que tenían los proponentes abiertas para sacar adelante la tramitación, toda vez que el no de la ultraderecha de Vox era inamovible.
Se abre ahora un nuevo escenario sobre el que el Gobierno español no ha querido pronunciarse hasta ahora.
Canarias defendió durante los últimos meses que se apruebe esta reforma por real decreto, lo que permitiría comenzar con los traslados de jóvenes inmediatamente, pero el Gobierno rechazó inicialmente esta alternativa porque después habría que convalidar este decreto en las Cortes y, si se tumba entonces, podría crear inseguridad jurídica para los menores ya afectados.
Sin embargo, el portavoz parlamentario de los socios de gobierno de Sumar, Íñigo Errejón, aseguró hoy en declaraciones a los medios que si la tramitación no salía adelante en el pleno, el Gobierno lo sacaría por decreto porque ese es el «mandato» que recibió y lo van a cumplir.
