Guatemala – La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó hoy a la Cancillería a resolver de manera favorable las solicitudes de visa que estén pendientes por extender para los funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a quienes había solicitado abandonar el país.

En la resolución, el Constitucional advirtió a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores que durante la vigencia del acuerdo de la Cicig, “se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a limitar o mermar la locomoción y tránsito de los funcionarios” de la entidad de Naciones Unidas.

Además, dio 12 horas al Ministerio de Exteriores para extender las visas de cortesía a los investigadores.

El Constitucional avaló por mayoría (4 votos a 1) los amparos presentados por la propia Cicig, algunos diputados, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el abogado Alfonso Carrillo en contra de la Cancillería, para que le otorgue las visas y los carnés diplomáticos para los 11 funcionarios internacionales a quienes se les habían revocado los visados en octubre pasado y que este martes se había pedido abandonar el país en 72 horas, plazo que vencía hoy.

El personal, según el portavoz de la Cicig, Matías Ponce, se encontraba de vacaciones con antelación, aunque cinco de los trabajadores “expulsados” habían salido por su cuenta la mañana de este viernes, de acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

Los amparos otorgados por el Constitucional revocaron la suspensión del trámite del amparo de primera instancia que había acordado esta mañana la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Civil y Mercantil que se constituyó en Tribunal de Amparo, por lo que, en consecuencia, el trámite deberá continuar, según constató Acan-Efe en la resolución del Constitucional.

La única magistrada que no avaló los amparos fue la presidenta del Constitucional, Dina Josefina Ochoa Escribá, quien emitió votos razonados disidentes, los cuales serán compartidos posteriormente, según informó el portavoz de la Corte, Santiago Palomo Vila.

La resolución favorece a los investigadores, quienes tienen a su cargo casos de corrupción de alto impacto, Coroliano Marcelo Umpierrez Osorio, Jhon Washington Jiménez Robayna, Vicenzo Caruso, María Martín Quintana, Fernando Robles Reyes, Yilen Osorio Zuluaga y Roque Marcelo Veliz López.

También a Horacio Roberto Piccardo Candia, Luis Fernando Orozco Álvarez, Fernando Washington Dos Santos Oliveira y César Augusto Rincón Sabogal.

El pasado martes la Cancillería pidió los carnés a los funcionarios y les fijó un plazo de 72 horas, que vencieron este viernes, para que abandonen Guatemala al no renovarles la visa de trabajo en octubre pasado.

La fiscal general, María Consuelo Porras, anunció una investigación por abuso de autoridad en contra de la canciller, Sandra Jovel, por esa medida.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo organismo de justicia del país, también tienen previsto reunirse en las próximas horas para analizar varios amparos interpuestos en favor de los investigadores.

A través de un comunicado, el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, quien desde septiembre pasado está fuera de Guatemala al prohibirle el presidente Jimmy Morales su ingreso, calificó de “arbitraria” la decisión de no renovar las visas a los investigadores.