Atlanta (GA) – Además de las altas tarifas de inmigración para lograr la ciudadanía, los inmigrantes en el país enfrentan altos costos legales, traducciones y pasajes aéreos, además de los «emocionales» de no poder votar en pleno año electoral o conseguir un mejor trabajo.
Se estima que hay más de 9 millones de residentes permanentes en el país elegibles para solicitar la ciudadanía, de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que reconoce que existen barreras que los disuaden de hacer solicitud para el proceso de naturalización.
Una de estas barreras probablemente sea el alto costo que puede tener todo el trámite, que puede alcanzar miles de dólares, según diversos expertos consultados por Efe.
En algunos casos, a los inmigrantes les puede costar más de 20.000 dólares obtener el apoyo legal necesario para lograr su «sueño americano» de obtener la ciudadanía, dijo a Efe Allen Orr, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés).
«Las tarifas pueden ser costosas. También hay que tomar en cuenta todas las cosas que hay que hacer para estar listo: obtener documentos oficiales de su país si necesita hacerlo, traducciones de los mismos y una diversidad de trámites que conlleva un caso de inmigración. Y si este es complejo, necesitan consultar a un experto», explicó Orr.
MÁS QUE FORMULARIOS
De acuerdo con USCIS, la solicitud de naturalización, mediante el formulario N-400, tiene un valor de 640 dólares, más 85 dólares por los datos biométricos, para un total de 725 dólares. Sin embargo, el cargo puede ser menor para algunas personas de bajos ingresos o no tener costo para los militares.
Ese monto, sin embargo, suele ser mayor para muchos solicitantes que deben recurrir a abogados expertos en inmigración cuando la petición es rechazada o cuando, como indica Orr, deben viajar a sus países para poder completar los requisitos de USCIS.
«Para algo tan importante, cuando la deportación está en juego o cuando la oportunidad de convertirse en ciudadano estadounidense está en juego por alguna razón, este no es el momento de cometer un error», advirtió Orr al resaltar la importancia de contratar a un experto.
El presidente de AILA suma además los «costos emocionales de no poder alcanzar su sueño rápido» y no poder, por ejemplo, tener un mejor trabajo o votar en las elecciones de este año para renovar un tercio del Senado y el total de miembros de la Cámara de Representantes.
Los retos de hacerse ciudadano pesan, junto con otras circunstancias, en la participación de los latinos en las elecciones, según señaló el jueves pasado la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO, en inglés).
«Los ciudadanos naturalizados son un poderoso bloque de votantes que podría ejercer su influencia durante las elecciones intermedias», señala una coalición de grupos que lanza este martes una iniciativa para ayudar a residentes permanentes a hacerse ciudadanos a través asesorías y materiales.
La campaña de la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses (NPNA) y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), entre otros grupos, es «¡Naturalizar 2 millones para 2022!».
De cerca de 29 millones de latinos en edad de votar, solo la mitad, unos 15,5 millones, estarán habilitados para hacerlo el próximo 8 de noviembre.
De acuerdo con el abogado Charles Kuck, de Kuck Baxter Immigration LLC, el alto costo del proceso impide que algunos inmigrantes se hagan ciudadanos, pues normalmente un solicitante paga entre 1.500 y 2.500 dólares; pero insistió en que cada caso es distinto.
«Algunas personas no lo hacen porque perderían la ciudadanía de nacimiento, otras por falta de tiempo o dinero y otras porque no han aprendido inglés», explicó Kuck a Efe al advertir el peligro que representa postergar esta decisión.
Un error puede pagarse caro, si el inmigrante está postergando el proceso, alertó: «No importa si has estado aquí 50 años, si cometes un delito, como fumar marihuana o consumir cocaína o robar una tienda, pierdes la residencia y te van a deportar».
PRÉSTAMOS BLANDOS
«Los inmigrantes no deberían tener que elegir entre tener comida en la mesa y perseguir su sueño americano», manifestó a Efe Andy Posner, fundador y director ejecutivo de Capital Good Fund, organización sin fines de lucro que ofrece préstamos flexibles y a bajos intereses a quienes no pueden hacer frente al alto costo de los trámites migratorios.
Capital Good Fund y USCIS anunciaron este febrero una alianza para brindar a los miembros de la firma el beneficio de ofrecer una opción de financiamiento asequible a sus clientes que, de otro modo, no podrían pagar por estos servicios.
Este programa, que acaba de ponerse en marcha en Nueva Jersey y Connecticut, está disponible en Florida, Texas, Colorado, Illinois, Rhode Island, Massachusetts y Delaware, y se ampliará este mismo año a otros estados como Georgia.
«El préstamo que ofrecemos puede cubrir todos los gastos, lo que el Gobierno cobra y lo que el abogado cobra. Sabemos que hay mucha necesidad y que no hay muchas compañías que ofrecen préstamos de este tipo», explicó el fundador de Capital Good Fund, cuyos créditos van de 300 a 20.000 dólares.
