Washington – El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha aceptado testificar en el intento de juicio político (‘impeachment’) que la mayoría republicana de la Cámara de Representantes ha lanzado en su contra por la política migratoria de la Administración de Joe Biden.
Así lo comunicó este jueves el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en una carta enviada al comité de la Cámara Baja que ha citado a Mayorkas para que comparezca el próximo 18 de enero.
“En consonancia con su compromiso de cooperar con el Congreso, el secretario estará disponible para testificar ante el comité”, dijo un representante de Mayorkas en la misiva.
Sin embargo, el DHS no confirmó que la comparecencia vaya a ser el 18 de enero como han pedido los republicanos y se mostró abierto a negociar “la fecha y el formato” de la audiencia.
El representante de Mayorkas recordó en la carta que la agenda del secretario de la próxima semana estará apretada porque debe recibir una delegación del gobierno mexicano para abordar la gestión migratoria.
El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, el republicano Mark Green, impulsor del ‘impeachment’, consideró que Mayorkas está usando la reunión con funcionarios mexicanos como “excusa” para no comparecer en la fecha solicitada.
“Una vez más, este secretario está anteponiendo los intereses de México a los del pueblo estadounidense”, criticó Green en redes sociales.
La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, celebró el miércoles la primera de las cuatro audiencias previstas para llevar al secretario a un juicio político.
Tras esas reuniones, la Cámara Baja deberá decidir si somete a Mayorkas al ‘impeachment’, aunque su eventual destitución quedaría en manos del Senado, donde los demócratas ostentan la mayoría.
Un ‘impeachment’ contra Mayorkas sería algo muy inusual en Estados Unidos, dado que el único juicio político que ha habido contra un miembro del gabinete fue en 1876 contra el entonces secretario de Defensa, William Belknap, por un caso de corrupción.
En pleno año electoral, la oposición conservadora ha puesto en su punto de mira la crisis migratoria en la frontera con México y acusa al secretario de Seguridad Nacional de no respetar las leyes de inmigración.
Pero la Administración demócrata sostiene que heredó de los gobiernos anteriores un sistema migratorio “roto” y exige al Congreso que apruebe una reforma con nuevos recursos para atender la situación en la frontera.
