Tegucigalpa (Proceso Digital) – El crimen de la joven enfermera Keyla Martínez, en febrero de 2021, y las denuncias sobre abusos y tratos crueles y degradantes en el principal centro penitenciario del país, ponen nuevamente al Estado hondureño contra las cuerdas en materia de derechos humanos, al no garantizar la vida y la integridad física de quienes custodia, ya sea en una cárcel o en una posta policial.
En febrero, la sociedad fue sorprendida por el asesinato al interior de una posta policial en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, de la joven enfermera Keyla Martínez, a manos de uno de los custodios del penal, específicamente el responsable de portar las llaves de la celda, según el Ministerio Público.
Cinco minutos bastaron para que el agente de la policía, Jarold Perdomo Sarmiento, considerado autor del delito de femicidio agravado, terminara con la vida de Keyla Martínez, sostiene la Fiscalía en sus argumentos presentados al tribunal para obtener el requerimiento y la orden de captura del imputado antes de que éste pudiera darse a la fuga.
De acuerdo al argumento fiscal, “siendo aproximadamente las dos de la mañana del día domingo 07 de febrero del 2021, el agente policial de nombre JAROL ROLANDO PERDOMO SARMIENTO, el cual ejercía labores de Asistente de Comandancia de Guardia y encargado de las llaves de las celdas de detenidos, siendo éste la única persona que tenía acceso a la llaves de la celdas, hace acercamientos a la celda en varios momentos y sin razón alguna siendo las 1:51 a.m. horas, realiza supervisión de los detenidos, con una actitud sospechosa y una vez que verificó no estar siendo observado por los otros detenidos ni por personal policial y sin ninguna causa o justificación ingresó a la celda destinada para mujeres y en donde se encontraba la detenida KEYLA PATRICIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, y este acto rompió con los procedimientos observados en los otros momentos en que se llevó por personal femenino a la celda, a la reseña y al baño acompañada de personal femenino”
“Pero—sostiene el argumento fiscal–, a pesar de ese cuidado, él ingresó a la celda, causándole la muerte de manera dolosa mediante ASFIXIA POR SOFOCACIÓN por obturación de orificios respiratorios, invirtiendo para ejecutar el hecho criminal cinco minutos, seguidamente salió de la celda sin dar ningún tipo de reporte sobre el motivo de su ingreso a las celdas o reportar alguna situación de riesgo, peligro o emergencia que tuviese la ahora occisa a sus superiores, que justificara su actuar, por el contrario se mostró de manera fría, tranquilo y normal, dirigiéndose hacia el baño y segundos después se ve por el pasillo, sacando de la bolsa trasera de su pantalón un objeto y luego se observa una serie de movimiento en sus manos, para luego sentarse a escasos metros de las celdas manipulando aparentemente un teléfono celular, aproximadamente 14 minutos y de manera fría hace como que no ha ocurrido nada y espera que sea otro miembro del cuerpo policial (ELMER LEONEL DOMINGUEZ) que haga el hallazgo del cadáver (…)”.
Los simbolismos detrás de Keyla
Las investigaciones hechas por el Ministerio Público los llevan a indicar que el agente policial Perdomo, es el autor responsable de este crimen, que en un inicio las autoridades policiales informaron bajo el argumento de que la joven se había suicidado. Videos en poder de la fiscalía serán usados en los tribunales de justicia cuando inicie el juicio oral y público por esta causa que tiene muchos significados en materia de derechos humanos: es un femicidio agravado, viola el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, fue un asesinato cometido bajo la custodia del Estado de Honduras al ocurrir en una celda de una posta policial, pone en entredicho la reforma policial en la Secretaría de Seguridad, es una violencia de género y exhibe al Estado de Honduras por políticas violatorias de los derechos humanos.
De acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), el Protocolo indica que, en los casos en que exista un femicidio cometido por un funcionario público, es imprescindible que el Estado adopte medidas eficaces para evitar la repetición de estas conductas, incluyendo la depuración de los entes involucrados y sanciones disciplinarias o judiciales para los funcionarios que obstaculizan las investigaciones o se comporten de manera negligente en relación con su deber de investigar a los posibles responsables. De igual manera, el Protocolo recomienda la eventual reforma de leyes que propicien el abuso de la función pública o que permitan la violación de derechos humanos de las mujeres.
El crimen de Keyla Martínez encierra diversos simbolismos que pondrán contra las cuerdas al Estado de Honduras y a la justicia hondureña, que deberá actuar conforme a Derecho, si la Fiscalía logra acreditar todas las pruebas en contra del imputado, de modo que no quepa la figura jurídica de la duda razonable en este caso. Al mes de abril de 2021, en pleno confinamiento por la pandemia del coronavirus, cerca de 82 mujeres han sido asesinadas de forma violenta en Honduras, según el monitoreo del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
Graves denuncias carcelarias
Otro hecho por el cual el Estado de Honduras es también expuesto por las violaciones a los derechos humanos, se relaciona con la situación que se vive en las cárceles, por el hacinamiento, los abusos de autoridades, la ingobernabilidad a lo interno por el control de algunos grupos delictivos, entre otras acciones.
Las cárceles en Honduras, de un tiempo a acá, fueron cedidas por el gobierno a manos de los militares, en un afán por fortalecer su política de mano dura contra las maras y pandillas, donde muchos de sus integrantes y cabecillas se encuentran recluidos en centros de máxima, media y mínima seguridad. La población carcelaria de Honduras al mes de agosto de 2020 era de más de 21,670 privados de libertad, según el Instituto Nacional Penitenciario.
Uno de los centros que más población penitenciaria tiene es la cárcel de máxima seguridad “Marco Aurelio Soto”, en Támara, en el central departamento de Francisco Morazán, envuelta en las últimas semanas en un escándalo de abuso de autoridad, tratos crueles, inhumanos y degradantes, al señalar que sus máximas autoridades estarían usando a los privados de libertad en labores de construcción en sus residencias particulares.
La denuncia que fue abordada en los medios locales de prensa fue hecha por algunos privados de libertad implicados y por el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev).
Los coroneles, Mario Obdulio Perdomo, director de la penitenciaría nacional, y el subdirector, Edward Arnaldo Padilla, han sido señalados de presuntos tratos degradantes contra los privados de libertad, y algunos que se encuentran en estado de preliberación obligados a efectuar trabajos en las casas particulares de ambos militares, según relatos y fotografías circuladas en los medios de prensa. Se tienen también en poder del Ministerio Público denuncias de presuntas torturas hechas por los funcionarios, las cuales están siendo investigadas.
Las autoridades del penal niegan las acusaciones y dicen que los testimonios son de privados de libertad mal portados, personas agresivas que no acatan las reglas del penal, y niegan ser torturadores. En septiembre de 2020, el OACNUD y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitieron un comunicado conjunto denunciando su preocupación por la situación que viven los privados de libertad en las cárceles hondureñas, así como el período de extensión de los militares al mando de las cárceles.
En el comunicado conjunto de la OACNUD y la CIDH se expresa su preocupación “por el proceso de militarización del sistema penitenciario en Honduras, especialmente por la declaratoria de emergencia e intervención de dicho sistema por parte de la FUSINA, emitida en el decreto PCM-068-2019, de diciembre de 2019. Dicho decreto establecía inicialmente una duración de seis meses, finalizando el 16 de junio del 2020. Sin embargo, a través del reciente decreto PCM-051-2020, la vigencia del mismo fue prorrogada hasta el 31 de diciembre del 2020”.
A la fecha, el comunicado de ambas instituciones indica que no se ha dado el traspaso del manejo de las cárceles a personal civil y este resulta imprescindible para poder cumplir con convenios que el país ha suscrito, recuerdan, al tiempo que llaman la atención sobre el nivel de violencia que se ha reportado a lo interno de las cárceles. En el marco de estos hechos, se presentarían alegaciones de tortura y otros malos tratos por parte de fuerzas de seguridad, sostienen.
