Santiago de Chile – El Gobierno de Chile confirmó hoy que ha comenzado un proceso para controlar a los inmigrantes que no se inscribieron al proceso de regularización y que, en algunos casos, puede suponer su expulsión del país.
«No todos aprovecharon la invitación del Gobierno para regularizar su situación», dijo el ministro del Interior, Andrés Chadwick, al confirmar algunas publicaciones de prensa sobre operativos policiales para localizar a inmigrantes ilegales en algunos sectores de Santiago.
«Ahora lo que corresponde es controlar a quienes no se inscribieron», añadió y explicó que en los casos de personas con antecedentes delictivos, se procederá a la expulsión.
En declaraciones a los periodistas durante una actividad pública, Chadwick indicó que no haberse inscrito en el proceso de regularización «da un indicio de que son personas que están irregulares y deben tener algún antecedente penal para no haberse acercado a regularizar su situación».
El proceso de regularización de inmigrantes finalizó el pasado 23 de julio y en el mismo se inscribieron 155.000 personas, aunque previamente se había calculado que lo harían unas 300.000.
De acuerdo con datos del Gobierno, a fines de 2017 se contabilizaban en Chile 1.190.000 inmigrantes, y de los 155.000 que se inscribieron hasta ahora, 48.000 han logrado tener residencia legal en el país.
En ese contexto, esta semana se realizó un primer operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) destinado a reconocer a los inmigrantes que no participaron en el proceso, en sectores de Santiago que concentran núcleos numerosos de extranjeros.
En la oportunidad fueron controlados 153 inmigrantes, de los que 46 resultaron ser irregulares y contra quienes se abrió un proceso que podría significar desde el pago de multas hasta la expulsión del país.
«Hemos iniciado con la PDI un proceso especial para ir fiscalizando a aquellos inmigrantes que se encuentran en el país. Si tienen antecedentes penales por delitos graves, se inicia el proceso administrativo de expulsión por no cumplir con la ley», explicó el ministro.
Matizó que quienes fueron sancionados y no poseen una hoja de vida con antecedentes penales, «pueden iniciar un proceso para regularizar su situación, porque siempre está esa opción».
El prefecto Víctor Nakada, jefe de Extranjería de la PDI, dijo al diario La Tercera que las personas sorprendidas de forma ilegal son peruanos, venezolanos, haitianos, ecuatorianos y colombianos.
Agregó que se puede distinguir entre aquellos que no se enteraron del proceso de regularización o no confiaron en el mismo, otros que tenían antecedentes penales en sus países y asumieron que no se les otorgaría la residencia y, por último, quienes buscan pasar inadvertidos con tal de delinquir en Chile.
Según Nakada, la fiscalización se extiende también a empresas, a fin de detectar abusos laborales, y en el operativo se cursaron infracciones contra tres empleadores.
Organizaciones de apoyo a inmigrantes, en tanto, llamaron a no generalizar los casos de quienes no se inscribieron. «Una persona que no alcanzó a inscribirse no es sinónimo de delincuente expulsable», dijo el director del Servicio Jesuita al Migrante (SJM), José Tomás Vicuña.
Apuntó que se deben analizar las causas por las que un alto porcentaje de inmigrantes quedó fuera del proceso y determinar si están relacionadas con la poca efectividad de los canales de comunicación, la falta de preparación de los funcionarios públicos o las diferencias culturales. EFE
